Martes 9 de Junio 2026
Los defensores de derechos humanos coinciden: la tragedia del 27 de marzo último es una consecuencia directa de la criminalización, discriminación y abusos contra migrantes a los que da lugar el enfoque de seguridad nacional en la política migratoria mexicana. En sus estudios, basados en seguimiento de denuncias, estadísticas y testimonios de los afectados, se evidencia que el alineamiento del gobierno mexicano a las políticas estadunidenses se agudizó en el sexenio pasado y continúa en el presente.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Detrás de la tragedia en la Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, el 27 de marzo último, está la continua política de “securitización” de la migración en México en respuesta a las presiones de Estados Unidos, situación que prevalece al menos desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y continúa en el de Andrés Manuel López Obrador, alertan defensores de derechos humanos y reportes de organizaciones civiles consultados por Proceso.
Aunque el incendio que acabó con la vida de 39 migrantes y causó lesiones a 27 más no tiene precedentes, no sólo en Ciudad Juárez sino en el país, no deja de ser una consecuencia de la manera en que son vistas las personas en condición de movilidad en la política migratoria con enfoque de seguridad nacional, apunta Conrado Zepeda Miramontes, coordinador nacional del Servicio Jesuita de Refugiados (SJR).
“La concepción de seguridad nacional considera que las personas extranjeras vienen a hacer daño, por eso tienen que ser controladas por el Ejército o las personas dedicadas a la seguridad nacional”, señala en entrevista.
Involucrado en su albor desde 2016, Zepeda Miramontes alerta que esta visión de seguridad nacional se plantó en la política migratoria al menos desde el gobierno de Peña Nieto, que llevó a cabo “una política migratoria muy restrictiva vía el Plan Frontera Sur, con el que hubo muchas detenciones”.
Desde entonces el gobierno federal “utilizó a militares para contener los flujos migratorios, lo que derivó en una serie de violaciones a derechos humanos que se sumaron a los abusos que ya se venían registrando dentro de las estaciones migratorias”.
Si bien durante el sexenio de Peña Nieto “no había posibilidades de diálogo, todo era simulación”, el defensor jesuita dice que la llegada del gobierno de López Obrador “generó esperanza” de que la situación cambiaría, más aún cuando en los primeros meses de su administración nombró a Tonatiuh Guillén al frente del INM, “con una visión más académica y humanista que se vino abajo con la presión del presidente Donald Trump de imponer aranceles”.
Zepeda Miramontes resalta que Francisco Garduño Yáñez, sucesor de Guillén, previamente estuvo a cargo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y que se ajusta a la visión de seguridad nacional, “controlando los espacios migratorios en el país después de haber controlado las cárceles”.