Martes 9 de Junio 2026
“La desaparición forzada es un problema inconmensurable en su misma definición, en su constitución y en su práctica; las cifras son sólo las señales de que algo muy grave hay en los zócalos de lo social, algo que no alcanza a verse en toda su magnitud pero que ahí está y aparece sólo cuando se denuncia, cuando se muestran con crudeza las experiencias de una realidad inaguantable”, dice Roberto González Villarreal en "La desaparición forzada en México. De la represión a la rentabilidad", libro que publica Editorial Terracota, con cuya autorización Proceso reproduce la introducción.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al 15 de septiembre de 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) reconoce 83 310 personas desaparecidas en México desde 1964: 62 450 hombres (75.14%), 20 151 mujeres (24.25%) y 509 casos donde el género no está determinado (0.61%).
Hay desaparecidos en prácticamente todos los rangos de edad, aunque la mayoría se encuentra entre 15 y 45 años. En las mujeres es diferente. El mayor número de desaparecidas se da entre 15 y 19 años; en esa cohorte, la relación entre hombres y mujeres es similar; a partir de ahí, la desaparición de mujeres disminuye relativamente. A mayor edad, menor porcentaje femenino; por ejemplo, entre 25 y 29 años, son 9 020 hombres y 2 180 mujeres.
Los estados con mayor incidencia acumulada son: Jalisco, 11 545 hombres (h) y 2 123 mujeres (m); Tamaulipas, 8 905 h 2 550 m; Estado de México, 4 494 h y 3 616 m; Veracruz, 4 122 h y 1 304 m; Sinaloa, 3 914 h y 423 m; Sonora, 3 523 h y 911 m; Guerrero, 2 919 h y 642 m. De atender indicadores sutiles, Tamaulipas sería el estado de mayor tasa de desaparición, con 302.3 casos por cada 100 mil habitantes, seguido de Colima, con 157, Sinaloa, con 153.1, Jalisco 121.8 y Chihuahua con 109.8; la tasa nacional es de 57.7.
A nivel internacional esos datos son más que significativos. Por ejemplo, en 50 años de confrontación armada entre el ejército colombiano, las guerrillas y el narcotráfico, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional y de Memoria Histórica (CNMH) “contabiliza cerca de 83 mil personas desaparecidas entre 1958 y 2018. Esta cifra aumenta si se toman en cuenta los informes del Registro Único de Víctimas (RUV) que posiciona la cifra de desaparecidos directos por causa del conflicto armado en 47 mil 259. En Argentina, durante la dictadura, entre 1978 y 1983, las fuerzas de seguridad desaparecieron a cerca de 30 mil personas. En Siria las desapariciones forzadas se calculan en alrededor de 82 mil personas desde 2011. En Sri Lanka se calculan entre 60 mil y 100 mil personas desde finales de los años ochenta, muchas de ellas al término del conflicto.
Una dictadura, dos guerras civiles, una conflagración bélica son las condiciones históricas en las que la desaparición forzada se desarrolla no como una práctica incidental o frecuente, sino como una tecnología sistemática de control poblacional. Esas son las comparaciones internacionales, en magnitud y situación, en las que se desenvuelve la desaparición forzada en México.
La cifra oscura
Los datos son sólo signos de un problema. La contabilidad está plagada de dificultades, retrasos, imposibilidades, -obstáculos e imprecisiones: ¿alguien sabe lo que cuesta, lo que hay que pasar para lograr el registro de un desaparecido? ¿Las filas que hay que hacer, las caras que hay que soportar, los desdenes con los que hay que lidiar, las mil y una vueltas, las presiones para abandonar, los consejos para desistir? Y luego quedan todavía los procedimientos de oficina, los traspapeles, las tardanzas en registrar los hechos, las historias y las denuncias de quienes se atreven a hacerlo, ¿y todas las personas que no llegan ahí? ¿Las que fueron amenazadas, las que no pudieron seguir, las que murieron en el empeño, las que no pudieron hacerlo, aunque quisieron? ¿Dónde se registran las prácticas que bloquean la denuncia o los eventos que no se convirtieron en quejas, que se absorben en el dolor familiar por el miedo o la imposibilidad de asistir a las oficinas de procuración de justicia? Todo eso incide en la cifra oscura de la desaparición forzada.
El subregistro es la diferencia entre los casos reales y los casos denunciados; esa cifra oscura, incognoscible, que, sin embargo, se puede estimar de varias formas, por ejemplo, entre los casos registrados y las encuestas victimológicas. A partir de ahí se construye un indicador: el porcentaje de registros en relación con las víctimas, o su inverso, la parte de la sombra. Este indicador es muy variable, pero se sabe, por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) que la “cifra oscura se ha mantenido en un rango entre 91.6 y 93.8% durante el periodo de 2010 a 2017, lo cual significa que durante el lapso referido nueve de cada 10 delitos no fueron denunciados ante el Ministerio Público o no se inició una averiguación previa”.
Si se pudiera utilizar este índice, la desaparición de personas en México alcanzaría 700 mil casos en el límite superior del rango. Un número escalofriante. El problema sería mayor si a la baja tasa de denuncia se suman las desapariciones de migrantes. Los colectivos de madres centroamericanas han puesto en evidencia esta cuestión. Aunque nadie sabe el número de algo que apenas se conoce, el Movimiento Migrante Centroamericano afirma que son más de 70 mil.
La paradoja de la desaparición
Los subregistros no son sólo engaños, montos maquillados y recortados por los hacedores de políticas y estadísticas; son algo peor, son constitutivos de la desaparición y de toda la estadística criminógena. Cada registro implica una delicada tarea operativa, conceptual y, sobre todo, política.
Al momento de levantar una denuncia, de procesarla, de subirla a las bases de datos, de transmitirla, se efectúa una serie muy compleja de decisiones inmediatas: ¿dónde asentarla?, ¿cómo?, ¿está bien registrada, los datos corresponden, el género es el correcto, están las circunstancias, cómo se escriben?
Estas decisiones minúsculas entran en el proceso de trabajo burocrático cotidiano, en el que se dan todas las triquiñuelas oficinescas: las pérdidas de papeles, los cambios de nombre, la reclasificación de delitos, ¡la expulsión de los registros!, toda esa maraña de escritorio, los malos manejos y peores prácticas, todas esas formas –conscientes y no– del borrado, del trucaje, son propias del circuito burocrático-político de la desaparición. Un ejemplo paradigmático:
La noche del 5 de noviembre de 2004, la joven estudiante Silvia Estephany Sánchez, Fanny, como la llamaba su familia, desapareció de las calles de Torreón, Coahuila.
Lo último que se vio de ella fue su mochila rosa con forma de conejo. Caminaba de prisa para alcanzar el autobús que la llevaría de regreso a su casa, pero nunca llegó.
A ella, dice la familia, presuntamente se la llevo Jesús Ramón Ruelas García, sobrino de Rodolfo García Vargas, el “Rudy” o el “Licenciado”.
Esto ocurrió la noche que inauguraron el club Fox, un bar que era propiedad de Ruelas García.
Al sujeto, quien se encargaba de la contabilidad de Los Zetas en Laredo, Tamaulipas, lo asesinaron el 9 de julio de 2009 en la colonia San Juan de Aragón, Ciudad de México.
El caso de Fanny ha pasado por varias oficinas ministeriales, lo mismo la extinta Agencia Federal de Investigación, que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a nivel federal.
A nivel local, la policía de Coahuila también ha investigado el caso. Pero 13 años después Fanny aún no ha regresado a su casa.
“Las autoridades no tienen nada, no tienen ni idea. Nosotros hemos seguido aportando información para que salga algo, los llevamos, pero es lo mismo, nos ha pasado lo que les pasa a todos… No hay nada, seguimos igual que hace 13 años”, dicen sus familiares. Lo único claro es que Fanny no está en los registros del RNPED. De acuerdo con la madre de la joven, la sacaron del registro bajo el argumento de que es una investigación por trata de personas.
¨La SEIDO me dijo que salió de la base porque estaban investigando el delito de trata. Y yo les digo: ya lo saben, ya lo confirmaron, ya confirmaron que está en trata, entonces, ¿dónde está mi hija?”, cuestiona.
“Si ya se está diciendo que es trata, entonces cuál es la línea a seguir. Y si así fuera, que esté en esa condición, eso no impide que esté desaparecida. Desde el momento en que ella no está en casa, ella sigue siendo una persona desaparecida. Nadie la ha visto, nadie nos ha podido decir nada de ella”. (Nota de Ernesto Aroche Aguilar, Animal Político, 3 de noviembre de 2017).
Eso sucede todos los días. De ese modo o de otros. Las oficinas, los registros, las comisiones, las procuradurías son un matorral inextricable de técnicas y tácticas en las que también se puede difuminar el rastro de las personas; por eso se dice que la desaparición forzada es un problema inconmensurable, en su misma definición, en su constitución y en su práctica; las cifras son sólo las señales de que algo muy grave hay en los zócalos de lo social, algo que no alcanza a verse en toda su magnitud, pero que ahí está, y aparece sólo cuando se denuncia, cuando se muestran con crudeza las experiencias de una realidad inaguantable: cuando se convierte en problema de la polis: en un problema político.
Una y otra vez se ha dicho: las estadísticas son falsas, tienen muchos subregistros; por eso mismo hay que denunciar, hay que impedir que la desaparición se realice, porque sólo se logra cuando se borra la existencia del desaparecido. Esa es la paradoja inherente a la desaparición: tiene éxito cuando no se denuncia, cuando nadie reclama a un desaparecido, cuando se difumina su recuerdo y se pone en entredicho su misma existencia; por el contrario, cuando se denuncia el momento de su aprehensión, cuando se tienen datos de su detención, de su trayecto, de quiénes se la llevaron, de dónde la tuvieron, de sus responsables, la desaparición física tiene lugar, sin duda, pero no la desaparición política, pues se convierte en querella, en demanda, en motivo de lucha. Y eso mismo puede impedir que la desaparición se logre; puede hacer que se malogre la desaparición, que se regrese al desaparecido.
Vale la pena insistir: el registro de una desaparición es el inicio del fracaso del poder, de quienes detuvieron a la víctima, de quienes se la llevaron, de quienes intentaron borrar su rastro en el mundo y se les regresa como consigna, como demanda, como bandera. Esa es la primera cuestión a atender: no sólo la magnitud del problema sino todas las tácticas, todos los subterfugios, todas las vallas que hay que superar para realizar una denuncia, para lograr un reconocimiento, para exigir la búsqueda y presentación con vida de las personas desaparecidas.
Las ondas largas
Hoy se hacen historias de la desaparición forzada que empiezan en cualquier momento. En la revolución de 1910, en los años cuarenta, cincuenta, sesenta del siglo XX; o mucho antes; esto nos llevaría a un viejo debate entre el realismo y el nominalismo. Un debate superado, sobre todo cuando se considera que la desaparición forzada, como concepto, surge una vez que se denuncia y se reconoce como problema político. En México, como en otras partes de América Liana, esto se hace a mediados de los años setenta, con los colectivos que demandaban la presentación con vida de los y las -desaparecidos.
Los registros de las víctimas de desaparición, que fueron elaborados por el Comité Eureka y Afadem, más tarde acumulados, valorados, expurgados y reconocidos por diferentes instancias de gobierno y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), son las fuentes materiales de un problema político. A partir de ahí se pueden trazar las coordenadas de la desaparición forzada. En otras palabras, la historia de la desaparición no es la historia de las oficinas ni las agencias desaparecedoras, sino la historia de las víctimas directas e indirectas de la desaparición; es a partir de ellas como se descubre una práctica, como se arma y denuncia una tecnología; es a partir de ellas como se producen conceptos, instituciones, organismos u conversaciones.
Con esta perspectiva se pueden identificar dos grandes periodos, dos ondas grandes de desaparición forzada en México, a la manera en como son estudiadas en la economía y en la política. La primera onda va de 1969, fecha del caso índice, hasta 1990. Podría decirse que va desde la lucha contra la guerrilla rural de finales de los años setenta hasta las derivas del fraude electoral de 1988. En una leyenda urbana se atribuye a Salinas de Gortari la frase: “Cuesta más un desaparecido que un muerto; tal vez por eso en su sexenio fueron asesinados cerca de 300 perredistas, muchos campesinos y luchadores sociales, también políticos de gran renombre. Quizá el dicho sea falso; lo cierto son las víctimas y sus circunstancias.
A partir de 1991 las desapariciones empiezan otra vez de manera incidental. Once ese año, 10 al siguiente, 11 en 1993, 13 en 1994, 18 en 1995; sin embargo, desde 1996 son frecuentes, 22 ese año, 28 en 1998, 24 en 1999, 43 en el año 2000. Desde esa fecha, las desapariciones fueron creciendo de manera continua, y se aceleraron entre 2006 y 2007, cuando se pasa de 227 a 973, ¡más de 400% en 12 meses!
En adelante las desapariciones por año se cuentan por miles; entre 2015 y 2017 otra vez se doblan las tasas hasta llegar a 2019, cuando se registraron 8 mil 928 personas desaparecidas. En el primer año de la pandemia de covid-19 los reportes de desapariciones disminuyeron a 5 917 hombres y 1 621 mujeres y 24 casos en los que no se especifica el género. Hasta el 15 de septiembre de 2021 los casos para lo que va de ese año son 3 092.