Martes 9 de Junio 2026
No fue tersa la aprobación del Plan B de López Obrador para hacer cambios legales en materia electoral. En la Cámara de Diputados la coalición mayoritaria y la oposición mostraron fisuras en sus posturas políticas e incluso relacionadas con el procedimiento legislativo. Ésta es una crónica de los jaloneos en que se enfrascaron los morenistas en su afán de sacar adelante la reforma alterna del presidente, así como los opositores para frenarla, retrasar su aprobación y denunciar sus contenidos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–La mayoría oficialista –Morena, PT y PVEM– pasó por encima de los argumentos de la oposición, al aprobar con 262 votos a favor y 217 en contra, en medio de violaciones al proceso legislativo, el primer paquete de la reforma electoral relativo a cuatro leyes secundarias que apuntan a mermar al INE.
Además, Morena se prepara para la designación de cuatro nuevos integrantes del Consejo Electoral del Instituto. A pesar de haber podido cambiar las reglas para su elección, cuenta con los votos para impulsar perfiles afines al movimiento en el proceso que se iniciará en enero, con el registro de aspirantes, y deberá ser votado en el Pleno de San Lázaro el 28 de marzo de 2023, con dos terceras partes de los diputados presentes.
Morena respondió así al eslogan de la movilización del 13 de noviembre con el lema opositor “el INE no se toca”. En la sesión del jueves 15, en la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador morenista Leonel Godoy sentenció: “No sólo ya se tocó, se va a volver a tocar”.
Pero el escenario no fue del todo el esperado. Las negociaciones en el Senado para “reactivar” las candidaturas comunes en las boletas electorales se vieron frenadas por la mención del presidente López Obrador, quien en su conferencia del mismo jueves advirtió que podría vetar la llamada cláusula de “vida eterna”.
Y aunque el PVEM y el PT negaron que hubiera un diferendo por el tema, a 26 minutos de haber iniciado la sesión del jueves 15 en la Cámara de Diputados, sin razón aparente, la vicepresidenta de la Mesa Directiva decretó un receso que se extendió cinco horas, tiempo suficiente para que las bancadas de Morena y aliados se reunieran con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Antes de reanudar la sesión apareció el coordinador del PVEM, Carlos Puente, en conferencia de prensa con su grupo parlamentario, y aseguró: “No vamos a tolerar las mentiras ni la difamación que han estado haciendo en muchos medios de comunicación, levantando falsos”. Dijo entonces que “retirarían” de la discusión el apartado segundo del artículo 12, sobre la controvertida cláusula.
Al reanudarse la sesión se discutieron en lo general, al mismo tiempo, las minutas del Senado referentes a cuatro leyes en materia electoral y una más enfocada a la comunicación y a responsabilidades -administrativas.
Pero el presidente de la cámara, el panista Santiago Creel Miranda, le dio trámite a la aprobación de las normas específicas del sistema de elecciones, lo que terminó por confundir a la mayoría de los presentes. Creel anunció su devolución al Senado, pero con un acuerdo aprobado por la asamblea de los diputados para autorizarlo a enviar lo ya aprobado al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Veto presidencial
La sesión del miércoles en el Senado se extendió hasta la mañana del jueves. A las 7:30 horas el diputado morenista Alejandro Armenta daba por aprobado el primer paquete con modificaciones a normas del ámbito electoral: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Todavía no se había terminado de resolver lo referente a las leyes generales de Comunicación y de Responsabilidades Administrativas en la Cámara Alta, cuando los medios de comunicación cuestionaron a López Obrador sobre los supuestos beneficios que se estaban otorgando a sus aliados del PT y el PVEM en el paquete de modificaciones a las normas del sistema democrático.
“Si no lo mejoran en la cámara y me pasan a mí esto, y considero que sí es una contradicción y que sí afecta, la veto, aunque se invalide todo”, soltó el mandatario esa mañana, cuando el documento estaba todavía siendo remitido a la Cámara de Diputados, entonces a la espera del segundo paquete de normas sobre responsabilidades y asuntos de comunicación y propaganda.
El presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, había citado a sesión a las 8:00 horas del jueves 15. La reunión de pleno se había cambiado sin previo aviso, del miércoles al jueves, ante los retrasos en la colegisladora para aprobar los proyectos de decreto de la Reforma Electoral alterna, la de leyes secundarias.
A las 11:19 sonó la campana en manos del panista a cargo de la Mesa Directiva. Se dio trámite a licencias de legisladores, -reincorporaciones, e incluso se adelantó el nombramiento de integrantes de la Comisión Permanente, que suele realizarse poco antes de clausurar los trabajos de cada periodo ordinario. Pero aquí había que “comerse” el tiempo en lo que se tenían listos los dictámenes del Senado y se producía el acuerdo entre partidos, sobre todo dentro de la alianza de Juntos Hacemos Historia.
Todavía se votó por declarar 2023 año de Francisco Villa y se envió al Senado, antes de entrar a la esperada discusión de la primera parte de las leyes reglamentarias en materia de comicios y otros ordenamientos.
Fue hasta las 12:45 que la mesa –a esa hora conducida por la vicepresidenta Karla Yuritzi Almazán, de Morena– sometió a votación del pleno de los diputados si se consideraba el tema de urgente resolución y entraba a discusión de inmediato, sin pasar por comisiones.
De inmediato se procedió a debatir el primero de los documentos recién aprobados por la Cámara de Senadores. Pero en medio de los posicionamientos de los partidos, sin explicación alguna ni tiempo definido, la presidenta en turno declaró un receso.
El receso se extendió casi cinco horas. Según confirmó después el propio coordinador del PVEM, Carlos Puente, a pregunta de los reporteros, ese espacio sirvió para que él y los coordinadores del PT y de Morena acudieran a la Secretaría de Gobernación, donde se entrevistaron con Adán Augusto López.
Puente reconoció en conferencia de prensa: “¿De qué hablamos? De lo que te vengo a platicar: ‘Oye, secretario, traemos este tema de controversia. Nosotros no vamos a ser quien lleve al presidente a que lo estén presionando con preguntas, en la mañanera, de la forma en que se ha hecho, para buscar obligar un veto. ¿Eso es? Lo retiramos’”.
La sesión se reanudó a las 18 horas con 16 minutos. De inmediato, el PVEM y el PT salieron a defenderse. Rechazaron haber “condicionado” la adición del -artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para recuperar las candidaturas independientes, poder traspasarse votos al aparecer todos los partidos en un mismo recuadro con el candidato en común y así contar con los sufragios suficientes para mantener su registro nacional.
Puente subió a tribuna a presentar la única modificación aceptada al dictamen, para retirar esta cláusula protectora de los “chiquipartidos”. Desde ahí advirtió a los opositores, en especial del PRD y el PRI: “No vamos a permitir más difamación, más mentiras. No, yo no soy hipócrita. Los hipócritas son aquellos que querían la candidatura común en la ley general, pero de clóset, porque no se animaban a pedir lo que querían”.
La parte que incomodó incluso al jefe del Ejecutivo federal fue el segundo párrafo del artículo 12, que a la letra marcaba: “Los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad. Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”.
En su posicionamiento, Morena, por conducto de Leonel Godoy Rangel, refrendó su voto a favor de reformar las leyes secundarias del ámbito electoral y sostuvo que ante la negativa a apoyar su dictamen por parte del PRD –partido por el que fue gobernador en Michoacán–, este instituto perderá su registro en 2024.
Confusión en el Pleno
La conducción de Creel ha sido cuestionada más de una ocasión, no sólo por la mayoría y sus partidos satélite, sino por fuerzas de oposición.
El pasado 7 de diciembre recibió en tribuna, de la diputada Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral, el documento impreso (más de 300 páginas que se habían copiado y reimpreso del documento de Gobernación) de la iniciativa del Plan B de Morena.
Aún sin que ésta se publicara con anterioridad en la Gaceta Parlamentaria, permitió su presentación inmediata. La sesión del jueves 15, último día del periodo ordinario en el Congreso de la Unión, no estuvo exenta de trámites, cuestionados por el oficialismo y la oposición.
A diferencia del proceso legislativo habitual, había prisa por avalar los cambios del Senado sin mayores trabas. Así, se debatieron al mismo tiempo las dos minutas en lo general, pese a que las materias de ambas son diametralmente distintas.
Apenas en la ronda de posicionamientos, Creel cerró el plazo para la presentación de reservas, propuestas de modificación a los dos dictámenes. Esto fue reclamado por su compañero de partido José Elías Lixa, quien alegó que las modificaciones a las minutas realizadas por el Senado no se conocían hasta ese día y solicitó que se presentaran reservas en cualquier momento.
Creel, exsecretario de Gobernación y legislador de amplia experiencia, se limitó a informar que así estaba previsto en el orden del día el desahogo del tema. Morena lo respaldó.
Al término de la primera ronda de discusión en lo general, el pleno se pronunció, a mano alzada, por considerar el tema suficientemente discutido. La votación, en modalidad semipresencial, es decir, algunos desde sus lugares y otros vía celular, resultó con 269 votos a favor y 217 en contra.
En la discusión particular se expusieron 22 propuestas de reserva, siendo la única que se aceptó la del retiro de un apartado de la fracción 12 de la LGIPE, con la que el PVEM buscó congraciarse con la opinión pública y el gobierno federal ante el escozor que generó la cláusula de la “vida eterna”.
Vino entonces la votación de los -artículos reservados, con la reserva aceptada de Carlos Puente. La secretaría de la Mesa Directiva cantó el resultado (262 votos a favor, 217 en contra) y empezó la confusión generada por Creel.
El panista instruyó la devolución de dictamen al Senado de la República para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, es decir, para que la volviera a dictaminar. Luego dio paso a un acuerdo que sometió a votación del pleno legislativo y terminó por confundir a los presentes respecto a lo que se estaba instruyendo.
El acuerdo de los grupos parlamentarios establecía la autorización expresa al Senado para que, “de acuerdo con lo que establece la fracción e) del artículo 72 constitucional, remita al Ejecutivo federal los cambios aprobados por ambas cámaras a las cuatro leyes en materia electoral del primer dictamen”.
Los morenistas con sus aliados festejaron el trámite y al escuchar de su devolución al Senado. Sin mayor precisión a lo que seguía siendo confuso para la mayoría, se procedió a la votación en lo general y lo particular de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades -Administrativas.
Realizada la votación en el sistema electrónico, y cuando se levantaba el voto de viva voz, vino el acalorado reclamo del coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez: “Lo que está haciendo la Mesa Directiva, que usted encabeza, es ilegal. Yo desde temprano le dije que teníamos reservas sobre los dos dictámenes, inscribimos las reservas sobre este dictamen y no hay base jurídica para rechazar la discusión en lo particular de este dictamen”.
El diputado volvió a pedir la palabra a media votación del segundo documento. “Espero que se sienta cómodo siendo vitoreado por Morena, porque eso refleja exactamente el papel que está desempeñando”, le espetó a Creel una vez más, sin que procediera corrección alguna del trámite realizado.
La modificación a la Ley General de Comunicación Social para que las expresiones de funcionarios públicos en funciones no sean consideradas propaganda, se avaló con 265 votos a favor, y ese sí se envió de inmediato a la Presidencia de la República.
Tras entonar el Himno Nacional, a las 23:13 horas del jueves 15 se clausuraron los trabajos del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la LXV Legislatura, y se levantó la sesión. Pero era evidente que cada grupo entendió lo que quiso.
Ignacio Mier, líder de los diputados morenistas, dijo en tono de victoria: “Se regresa y se le notifica y se le informa al Senado de la República que por favor publique todo lo que fue aprobado y dirima, con relación a lo rechazado, lo que ellos determinen.”
–¿Pero se esperarían hasta febrero? –se le cuestionó.
–Sí, el trámite legislativo. No nos urge.
Para el PAN el resultado fue distinto. El diputado José Elías Lixa aclaró que la oposición no ayudaría a Morena a apresurar un periodo extraordinario:
“Yo considero que va a ser hasta el mes de febrero cuando el Senado esté en sesiones, porque si los partidos de oposición somos congruentes con lo que hemos defendido, de no modificar la estructura del instituto electoral, pues entonces no vamos a permitirles un periodo extraordinario.”
Ante la evidente confusión, Creel acudió a la sala de prensa de la cámara para aclarar el trámite:
“Le estamos diciendo (al Senado): ‘Mira, yo ya aprobé este paquete de leyes; habiéndose aprobado este paquete de leyes, hice estas modificaciones; si tú las apruebas te autorizo, entonces, ya la envío directamente al Ejecutivo. Si no, pues ya es innecesario el acuerdo’.”