La resistencia contra la hidroeléctrica de Ixquisis

Según el último informe de Global Witness, en promedio cada dos días un ecologista es asesinado en el mundo. Sebastián Alonzo, ambientalista guatemalteco, es uno de los 1773 defensores de la tierra asesinados en los últimos 10 años. Dos periodistas investigaron su muerte y cuentan –para varios medios internacionales, Proceso entre ellos– la lucha de su comunidad por defender sus ríos.

Juana, de ocho años, acaba de salir de la escuela; la temperatura ronda los 40 grados, algo habitual en mayo en el pueblo de Yulchén Frontera, en el norte de Guatemala, a menos de tres kilómetros de la frontera sur de México. Apenas se quita la mochila y completamente vestida, como es habitual, se sumerge en el río Pojom, el más cercano a su casa. Se queda allí hasta que se le arruga la piel. Juan Alonzo, de 33 años, observa a su hija al borde del agua en el río por el que su padre murió hace cinco años.

Desde que su padre, Sebastián, fue asesinado, la niña y sus otros tres hijos son su única razón de vivir. En el pueblo, uno de los ocho que componen el valle de Ixquisis, nadie ha olvidado la violenta muerte del viejo campesino, el patriarca de su pueblo. Desde entonces, los habitantes son conscientes de que su supervivencia pende de un hilo. 

Juan y su padre se comprometieron a proteger sus recursos naturales. Como agricultores, se ganaban la vida tranquilamente cultivando café y cardamomo. Tres ríos riegan el valle: el oscuro río Negro, el tranquilo Pojom, que encanta a los niños, y el ancho y poderoso Yalowitz.

Juan cuenta que él y su padre salían antes de que saliera el sol, machete en mano, a limpiar sus campos. Regresaban largas horas después, bajo un sol abrasador, cargando el fruto de su trabajo sobre sus espaldas.

La vida de Juan cambió el 17 de enero de 2017. Ese día su padre fue asesinado en una manifestación contra la construcción de dos centrales hidroeléctricas en el valle. “Con mi padre nunca faltamos a una sola manifestación para defender nuestros ríos, nuestras montañas. Como indígenas era nuestro deber”, recuerda.

Como todos los mayores, su padre Sebastián, de 68 años, era respetado. Su voz tenía importancia en las asambleas comunitarias, donde se toman todas las decisiones esenciales.

Expediente de Sebastián Alonzo. Foto: Nicola Zolin

En 2013, cuando la empresa empieza sus obras, Sebastián y su hijo van a ver a algunos trabajadores que no están lejos del río Pojom y les preguntan qué piensan hacer. Uno de ellos le dice que están construyendo un túnel para desviar el río. “Pero, ¿nos van a dejar sin nada?”, responde Sebastián, según su hijo. Cuando se dieron cuenta de que el río que riega las tierras de Yulchén Frontera estaba amenazado por el proyecto hidroeléctrico de la empresa Energía y Renovación, decidieron oponerse a él. Sus cultivos requerían mucha agua. La vida de su familia dependía de ello. De ninguna manera iban a permitir que ese proyecto se construyera en sus tierras.

A pesar de la oposición de una parte de la población, la empresa comenzó sus obras y el Pojom fue desviado. Una montaña considerada sagrada por la población fue dinamitada para permitir el paso del agua. Energía y Renovación también tiene previsto desviar otros cuatro ríos: Primavera, Varsovia, Palmira y Negro. En 2017 se completó 30% del proyecto final. El agua empezó a escasear y las familias, que viven principalmente de la agricultura, estaban preocupadas.

“¡Sin agua, se acabó para nosotros! Utilizo el agua del río desde las cinco de la mañana para calentar el café, para cocinar y para beber, como todas las familias de aquí”, confirma Catalina, una campesina de Bella Linda, embarazada de su quinto hijo. “El mejor futuro que podemos dar a nuestros hijos es preservar el agua”, añade.

Según la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Plataforma Internacional contra la Impunidad y un conjunto de asociaciones denuncian que los daños ambientales que conlleva la implementación del proyecto podrían tener consecuencias hasta en México. Las aguas de los ríos que el proyecto prevé utilizar para su funcionamiento son afluentes del Santo Domingo, localizado en la frontera con México, que a su vez es afluente del Usumacinta.

“La cuenca del Usumacinta es una zona estratégica debido a sus altos índices de biodiversidad, a la gran cantidad de servicios ambientales que ofrece, a sus importantes recursos hídricos y a su gran diversidad cultural. En consecuencia, las comunidades mexicanas dependientes del río –como Benito Juárez, San Pedro, Zacualtipán, Gallo Giro, Las Nubes, Democracia, Amatitlán, Peña Blanca, Rodolfo y San Mateo– también podrían sufrir una reducción importante en la calidad y en el acceso al agua a consecuencia de la implementación del proyecto. Por ende, podrían estar en riesgo de sufrir impactos ambientales y sociales similares a los que enfrentan las poblaciones de la microrregión de Ixquisis”, informó el conjunto de asociaciones el 26 de septiembre de 2018. Estas aguas son, a su vez, utilizadas por los pueblos indígenas del lado de México para su subsistencia.

Para defender su principal recurso, la familia Alonzo acudió a la manifestación con sus compañeros de lucha. “Éramos 600, 700 personas de todos los municipios de la región. Fuimos a ver un túnel construido por la empresa cerca del río Negro, que iba a ser desviado para el proyecto hidroeléctrico. En ese momento oímos los disparos”, dice Juan.

Hombres armados dispararon a la multitud. Asustados, los manifestantes, cegados por los gases lacrimógenos lanzados por la policía, huyeron a la pradera. Sebastián Alonzo yace inmóvil en el suelo. Su camiseta verde está manchada de sangre. Permanece allí durante cuatro horas sin asistencia médica. Cuando sus amigos regresan, lo encuentran inconsciente. Está sangrando, sus compañeros identifican dos heridas de bala: una en la nuca y otra en el estómago.

“Mi tío me obligó a huir con los demás y cuando volvimos mi padre estaba en el suelo, con heridas de bala y un machetazo en la mejilla”, recuerda Juan. Sebastián Alonzo murió unas horas después mientras era trasladado al hospital equipado más cercano, en Santa Cruz Barrillas, a tres horas de Ixquisis.

“Mi padre murió por defender nuestros derechos”, repite Juan. El nombre de su padre figura en la lista de mil 773 ecologistas asesinados en los últimos 10 años, según el último informe de Global Witness publicado el 29 de septiembre. En promedio ello representa un ecologista asesinado cada dos días. América Latina es el subcontinente más afectado y los pueblos indígenas están particularmente expuestos, pues representan más de un tercio de los ataques mortales, cuando constituyen sólo 5% de la población mundial.

Investigación que no avanza

Cristian Otzin. Foto: Nicola Zolin

Cristian Otzin, abogado especializado en la defensa de los derechos del pueblo indígena y encargado por la familia Alonzo de investigar el asesinato, cree que a Sebastián le dispararon agentes de seguridad privada de Energía y Renovación. “Esta es la hipótesis más probable”, afirma. En ese momento, Energía y Renovación contaba con 12 guardias de seguridad, proporcionados por la empresa Asteriscos Inversiones, y ocho de G4S Secure Solutions, todos ellos con permiso para portar armas. Según las direcciones de esos dos organismos de seguridad, no había personal suyo presente cuando se produjeron los disparos. 

Ese día se quemaron más de 30 máquinas, tuberías y otros materiales de la empresa. Incluso hoy en día, los restos de esa quema siguen siendo visibles en el valle de Ixquisis. A lo largo de un kilómetro, los tractores quemados, los materiales metálicos y las tuberías inservibles yacen a los lados de la carretera.

Juan Alfonso de León, director de obras del proyecto eléctrico Energía y Renovación, estaba allí ese día. Afirma: “Un grupo de oposición apoyado por personas ajenas a la comunidad llevó a cabo una acción que dista mucho de ser pacífica. Van a donde están las máquinas y empiezan a quemarlas y luego atacan a la policía. Su objetivo era que nos fuéramos”.

Según él, los guardias de seguridad no pueden ser en ningún caso responsables de los disparos que alcanzaron mortalmente a Sebastián Alonzo. “En cualquier caso para ellos (los manifestantes) todo es responsabilidad de la empresa. Si llueve o no llueve es culpa de la empresa. Por eso corresponde a las autoridades determinar lo que ocurrió ese día”. Hasta la fecha, aparte de algunos interrogatorios a testigos, la policía no ha realizado ninguna investigación seria sobre el asesinato.

La policía estaba a menos de un kilómetro cuando la manifestación devino violenta. Incluso se les habría advertido de la situación por teléfono. Los manifestantes acusan a la policía de no acudir en ayuda de Sebastián Alonzo.

“Vi coches de policía a menos de 200 metros del incidente y no intervinieron; los disparos parecen haber sido realizados con la complicidad de la policía”, dice Francisco Simón, un periodista de la región que trabaja para el medio guatemalteco Prensa Comunitaria.

Según los informes oficiales la policía sólo intervino en el levantamiento del cadáver para llevar a cabo la descripción: “Soltero, sin instrucción, tez morena, ojos color café, cejas semipobladas, nariz aguileña, labios finos, pelo canoso, bigote rasurado, estatura 1,65 metros aproximadamente”.

En el lugar, la policía no tiene el apoyo popular. A lo largo del camino hay carteles con la inscripción: “Por favor, que se retire la PNC (Policía Nacional Civil)”. El cuartel, que se instaló en las instalaciones privadas de la empresa Energía y Renovación, es percibido por la población local como una prolongación de la empresa. Antes del proyecto hidroeléctrico no había fuerzas policiacas en Ixquisis. La policía sólo sale del cuartel fuertemente armada.

Foto: Nicola Zolin

Los dos policías presentes en el cuartel son distantes. De entrada, el jefe dice: “Sería mejor no discutir el tema de las centrales hidroeléctricas, que es un tema que ya se ha discutido durante ocho años, y creo que toda la información está donde debe informarse”.

Preguntado por la muerte de Sebastián Alonzo, su subordinado añade: “El caso ha sido archivado. Es más, no ocurrió bajo nuestro mandato”. Luego aclara: “No me consta que haya muerto nadie aquí, no sé quién es Sebastián Alonzo”. Según ellos, la considerable rotación de personal en Ixquisis es la razón de ese desconocimiento del caso.

“El caso ha sido archivado. Es más, no ocurrió bajo nuestro mandato”: Nicola Zolin

Lucas, un guatemalteco con aspecto de vaquero, considerado el líder de la resistencia al proyecto hidroeléctrico, desde Nuevo San Mateo, Ixquisis, cree que se trata de “órdenes de silencio impuestas a la policía”. 

Cinco años después, los documentos de la investigación sobre la muerte de Sebastián Alonzo se limitan a un lacónico “pendiente de aclarar”. El caso no ha sido archivado como afirmaba el policía, pero como en 95% de los asesinatos de ecologistas, ha quedado impune.

Al principio tenía apoyo

Antes de convertirse en el líder de la oposición al proyecto, Lucas recuerda el entusiasmo que generó inicialmente. En esta región sin electricidad, los habitantes, en su mayoría indígenas chuj’ y kanjobal, son pobres y emigran masivamente a Estados Unidos. El propio Lucas pasó 10 años allá para juntar dinero y construir su casa, donde viven su mujer y sus seis hijos, antes de volver a su país natal para ser presidente de la región.

Por eso, en 2012, cuando la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico (ahora Energía y Renovación) llegó con la promesa de llevar electricidad para todos mediante la instalación de dos centrales hidroeléctricas, la población la vio positivamente. 

Construcción de escuelas, centros de salud, infraestructura y electricidad, la compañía prometió una mejora significativa de las condiciones de vida de la comunidad. 

El líder de la comunidad estaba convencido de que la empresa estaba motivada por razones humanitarias. Aquello despertó esperanzas en la población. “Me parecía algo serio, queríamos electricidad. Les creí, como todo el mundo”, dice.

Un año después, en 2013, la empresa obtuvo financiación de BID Invest para la construcción de dos centrales eléctricas. Ese organismo privado, filial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que depende en parte de los fondos de países europeos, entre ellos España, decidió financiar el proyecto con 13 millones de euros. 

María Bautista, de 39 años, indígena chuj’, es la mano derecha de Lucas. Propietaria de un terreno en Yulchén Frontera, asistió a una de las primeras reuniones para presentar el proyecto. Tiene estudios superiores y domina el español, algo poco frecuente en esta región.

Conoce la legislación guatemalteca y al analizar las propuestas de la empresa detecta puntos sospechosos. Según la legislación guatemalteca, la generación y la distribución de electricidad son dos actividades distintas. En cuanto a la distribución, el Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala es la única entidad autorizada para desarrollar la red eléctrica. Por lo tanto, Energía y Renovación no tenía poder para garantizar su distribución a nivel local.

“Fue una estrategia de la empresa para engañarnos; vieron las necesidades que tenemos aquí y nos prometieron electricidad para que apoyáramos el proyecto”, dice María Bautista, en la terraza del restaurante del cual es propietaria en San Mateo Ixtatán, la cabecera municipal de Ixquisis, con su nieto acurrucado a la espalda.

Asamblea en defensa de los derechos humanos. Foto: Nicola Zolin

Convencida de que las promesas de electrificación del pueblo no son más que quimeras, María, con la ayuda de Lucas, convence a la población local. La resistencia crece, al igual que la represión contra los líderes de la oposición. En total, entre 2014 y 2022, la AIDA documenta casi 100 agresiones: amenazas, intimidaciones, mascotas envenenadas, golpes… todos los golpes están permitidos. María recibe cada día llamadas anónimas que la amenazan de muerte, pero nada la detiene.

El pueblo está dividido. En Ixquisis el río Pojom se ha convertido en la línea divisoria entre los que aceptan el proyecto y los que se oponen a él. En la ribera occidental, más rica, la población está a favor del proyecto. De ese lado, los habitantes no son habladores. Un individuo, apodado El Chino, que tiene una tienda, dice: “Por culpa de los que se oponen al proyecto, desgraciadamente no tenemos acceso a la electricidad”.

Otro vecino, empleado de Energía y Renovación, sostiene: “Los que se oponen al proyecto dicen que no vamos a tener electricidad, pero eso no es cierto. En mi pueblo todos quieren el proyecto y la electricidad. En el este, los ciudadanos sólo quieren que la empresa se vaya. En un lado, las casas tienen antenas de televisión, jardines con césped verde impecablemente cortado; algunas casas están en construcción, mientras sus propietarios están en Estados Unidos. En el otro lado los edificios parecen improvisados, hechos con retazos de madera, clavos y lámina acanalada. 

“De este lado del río no tenemos nada que perder; hemos trabajado, luchado, incluso nos hemos saltado comidas y noches, pero es un sacrificio que merece la pena para nosotros”, dice María Bautista. La muerte de Sebastián ha federado la movilización colectiva de los pueblos de Ixquisis, que serían los más afectados por los desvíos de agua.

“Matar a Sebastián Alonzo fue un mensaje de intimidación. Era como decirnos ‘paren, no se manifiesten más’; pero, al contrario, nos empujó a seguir la lucha, a seguir expresando nuestro rechazo y a organizarnos mejor”, recuerda. 

María se convirtió en la persona de contacto de las comunidades con las organizaciones medioambientales. Poco después, en 2018, los esfuerzos de María y su comunidad del grupo de la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis son galardonados con el premio honorífico Front Line Defenders en reconocimiento a su importante lucha por sus derechos territoriales y la justicia ambiental. La asociación, basada en Dublín en 2001, reconoce anualmente la labor de los defensores de los derechos humanos de varios continentes. “Este premio demuestra que los defensores del medio ambiente cuentan con el apoyo de la comunidad internacional y que sus sacrificios no son en vano”, declaró Andrew Anderson, director de Front Line Defenders.

El expediente del caso. Nicola Zolin

Promesas y mentiras de la empresa

BID Invest financia proyectos empresariales que deben cumplir las normas éticas y medioambientales establecidas por el BID. Las reglas internas del BID son estrictas en materia social y medioambiental. María y las asociaciones demuestran que el proyecto de Energía y Renovación viola la mayor parte de la carta del BID.

Un año después de la muerte de Sebastián, en 2018, un colectivo de asociaciones presentó una denuncia ante el MICI, el mecanismo independiente de control e investigación del BID. Hasta ahora, el MICI nunca le había llevado la contraria al Banco. 

En el documento inicial “Revisión de los aspectos ambientales”, enviado a BID Invest para justificar el interés del proyecto, Energía y Renovación asegura que “la mayoría de los habitantes de las áreas adyacentes al proyecto son ciudadanos guatemaltecos de habla hispana que no siguen un modo de vida indígena”. Esto no es cierto, ya que 86% de la población de Ixquisis es indígena. Este argumento evita la necesidad de que la empresa consulte formalmente a la población, ya que las comunidades indígenas están sujetas a una mayor protección en la legislación guatemalteca. 

En entrevista en su elegante despacho de la Zona Pradera, en la Ciudad de Guatemala, Juan Alfonso de León, director de obras de Energía y Renovación desde hace seis años, dice ahora: “No tengo nada que ver con este caso”. Junto a un cuadro de un campesino indígena trabajando la tierra en el armario central de su despacho, reconoce: “Somos plenamente conscientes de que la zona está poblada principalmente por comunidades indígenas”.

Tal y como se había dado cuenta María Bautista, en el mismo documento se informa que la electricidad iría a la red central sin pasar por el pueblo. “Nunca nos comprometimos a dar electricidad al pueblo, ya que la ley no lo permite, sino a contribuir, colaborar y apoyar al pueblo en sus gestiones con los organismos correspondientes”, explica el director de obras. Matiza un poco su afirmación: “Probablemente los mecanismos de comunicación no fueron lo suficientemente abiertos o claros”.

Foto: Nicola Zolin

Actualmente la empresa está perdiendo sus primeros apoyos. Algunos habían creído durante mucho tiempo en sus promesas. Edgar Month, un mestizo que llevaba ocho años trabajando como guardia de seguridad para Energía y Renovación, acaba de dimitir, sintiéndose engañado. Recuerda que Energía y Renovación le dijo: “¿Cuánto ganas? ¿Eres pobre? Trabaja para nosotros”. Explica: “Mi mujer acababa de luchar contra el cáncer, los tratamientos habían sido costosos, quería que mis hijos pudieran estudiar en Estados Unidos. Acepté. Me pagaban una fortuna”.

Gracias a sus hijos más educados se dio cuenta del peligro que el proyecto suponía para su comunidad. “En algún momento fue imposible ignorar las mentiras de la empresa y los temores de las personas que vivían a mi alrededor. Dejé de trabajar para ellos”, dice.

Por su parte, Juan Alfonso de León insiste. En su opinión, las comunidades no han sido engañadas. “Al principio, cuando identificamos el potencial hidráulico de la zona, organizamos reuniones con las comunidades y sus autoridades ancestrales para darlo a conocer. Para mí fue un éxito”. Convencido, añade: “Debemos aprovechar el potencial hidráulico del país para fomentar el desarrollo de las regiones más pobres de Guatemala”.

Pesca en el río Pojom. Foto: Nicola Zolin

¿Victoria para la comunidad?

En septiembre de 2021 Lucas y María recibieron una llamada de Washington. El MICI, mecanismo de control del BID, dio la razón a las comunidades que se oponían al proyecto. Reconociendo que éste no cumplía con sus propias reglas internas, recomendó que el BID cancelara su apoyo. En marzo de 2022, BID Invest retiró su financiación. Las asociaciones acogen esta decisión como una victoria histórica.

“Ésta es una oportunidad para que el banco refuerce el seguimiento y la supervisión de los proyectos que apoya, para evitar incumplimientos”, dice Liliana Ávila, abogada de AIDA, parte civil en la denuncia ante el MICI.

Actualmente el proyecto está parado. La población sigue desconfiando, Lucas el primero: “Queremos que los invasores se vayan de una vez por todas, de momento no me lo creo”. Los opositores al proyecto temen que las actividades se reanuden una vez enterrado el asunto del BID. Una cruz formada por unas 50 velas se dibuja en el suelo y resuenan oraciones susurradas en lengua indígena en la montaña que domina el valle de Ixquisis. Se celebra un ritual maya.

La voz de Lucas, que también es considerado el líder espiritual, destaca sobre todas las demás, tan profunda y sonora es. “Tenemos que alejar los males de nuestra comunidad”, dice, aunque unas horas antes recibió una llamada en la que lo amenazaban de muerte. Canta agradeciendo los tres ríos de su territorio que están amenazados por el proyecto y repite una y otra vez el nombre de Sebastián Alonzo. “Sólo ganaremos esta lucha si dejamos que la fe prevalezca sobre el miedo”. 

A pesar de la pérdida de su mayor financiador, Juan Alfonso de León confía en el futuro de su empresa, y cree que “el proyecto tiene viabilidad técnica y social y debe continuar”.

Indígenas que habitan la zona de Ixquisis y San Mateo heredaron de sus antepasados el concepto de defender sus ríos y sus montañas sagradas. Desde hace siglos estos descendientes mayas realizan sus ceremonias en lugares sagrados para pedir la protección de Dios. Cuando el proyecto hidroeléctrico de Energía y Renovación se estableció en la zona, la gente se reunió y oró por la preservación de sus recursos naturales. Su fe, junto con su organización política, les dio la fuerza para desafiar la empresa que, según sus opiniones, no traía paz y desarrollo, sino divisiones y destrucción. Foto: Nicola Zolin

Decidida a llevar a cabo su proyecto, Energía y Renovación presentó una denuncia contra el Estado guatemalteco, acusándolo de no poder finalizar un proyecto que había obtenido todas las licencias necesarias. Al considerar que se han violado sus garantías como inversores, la empresa registrada en Panamá invoca el Tratado de Libre Comercio de Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. La demanda de Energía y Renovación Holding, SA, contra la República de Guatemala sigue pendiente. El 5 de septiembre de 2022 el demandante debía presentar una declaración sobre el fondo del asunto. La empresa no ha dicho su última palabra. 

Al ser contactado, el Departamento de Comunicación de Energía y Renovación no quiso hacer comentarios sobre el futuro de su empresa, ni sobre la denuncia, declarando: “No queremos opinar sobre un procedimiento que aún está en curso.”

En Ixquisis, gruesos alambres rodean el complejo hidroeléctrico. La policía aún no se ha ido. El personal de Energía y Renovación sigue allí. Juan Alonzo, con sus cuatro hijos, visita cada día la tumba de su padre: “Soy huérfano, nadie me devolverá a mi padre. Nadie debería morir por el agua”.

Este artículo forma parte de una investigación en tres capítulos sobre tres defensores del agua asesinados en América Latina, apoyada por el Journalism Fund.