CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- Un grupo de cuatro jóvenes logró hoy lo que el gobierno estatal no pudo hacer en ocho años en Creel: un mural conmemorativo que da vida y esperanza a la Plaza de la Paz, emblema para recordar y exigir justicia por la masacre ocurrida el 16 de agosto de 2008, donde murieron 13 personas, entre ellos un bebé de 11 meses que se encontraba en brazos de su padre. En esa ocasión un grupo armado irrumpió en una fiesta de jóvenes después de un juego deportivo. El grupo delictivo La Línea, perteneciente el Cártel de Juárez, cambió la vida y la tranquilidad de todo un pueblo. Después de la masacre, la comunidad pidió un espacio para recordar a las víctimas, al lado de la bodega de Productos Forestales de la Tarahumara (Profortarah) donde cayeron los cuerpos. Después de la masacre las autoridades erigieron un monumento muy sencillo y los deudos colocaron 13 cruces de madera que ellos mismos se encargan de cuidar. Sin embargo, el espacio quedó inconcluso porque no había logrado el impacto para recordar a quienes ahí perdieron la vida de manera cruel. Hace un año, el colectivo Reco que se dedica a recordar, reconstruir y reconciliar a víctimas de la violencia a través del arte, se acercó a los familiares y conoció su interés por avivar la plaza. Por ello, esta semana conmemorativa de los ocho años de aquella tragedia se realizó un taller de muralismo en el cual participaron la comunidad y familiares de los fallecidos. Reco ha acompañado a comunidades en Tijuana, donde decenas de personas fueron víctimas de la violencia cuando sus familiares fueron desaparecidos y desintegrados a manos de El Pozolero. También trabajaron con las víctimas del casino Royal, en Nuevo León; en Lagos de Moreno, en Jalisco, donde también hubo personas que perdieron violentamente a sus familiares. “Hace un año nos acercamos a la gente, nos dijeron que el espacio que es para la reparación de daños y exigir justicia no surtía efecto. Era un lugar que sentían alejado de la gente, ellos tenían el deseo y la necesidad de plasmar los rostros. El mural es del artista Mode Orozco”, explicó Alfonso Díaz Tovar, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En cuatro días de la jornada “Memoria que resiste” se plasmaron los 13 rostros de las víctimas. “Ha surtido un efecto positivo en las familias: de ser un lugar triste que resguardaba una memoria dolorosa, ahora ven vida, esperanza”, dijo Díaz de Tovar. Con el mural se pretende convertir la zona en un espacio de memoria viva y no sólo dolorosa. El taller fue organizado también por Paola Ovalle, académica de la Universidad Autónoma de Baja California y Danaé Mora, de la misma institución. “Buscamos construir memoria para buscar la anhelada justicia, a través de vehículos como el arte, con la cercanía de los familiares que no son daños colaterales, son las víctimas de la lucha contra el narco de Calderón (...) esta actividad es de memoria reparadora, desde el punto de vista del rescate de los 13 rostros, más la Plaza de la Paz que ahora es la plaza del amor”, dijo Alfonso Díaz de Tovar. Reco consideró que el episodio de Creel es relevante porque es la primera masacre pública en el país, pues hasta ese momento no había un episodio tan fuerte y doloroso como éste. “Después de ocho años la gente mantiene la exigencia, la fuerza, los familiares mantienen la entereza, la unidad, porque eran seres muy queridos por su gente y dicen: ‘si no nos dan justicia, la vamos a seguir exigiendo, a seguir pidiendo’”, acotó Díaz de Tovar. En la ceremonia de esta tarde los familiares de las víctimas agradecieron a los jóvenes que fueron sensibles y entendieron su necesidad de mantener viva la memoria de sus seres queridos, dijo Yuriana Armendáriz Galdeán, hermana y prima de dos jóvenes que fallecieron en la masacre de Creel. “Este acto fue muy importante y emotivo para la comunidad, para no perder la memoria, es un golpe y una cachetada para quienes le han apostado al olvido”, indicó el sacerdote jesuita Javier El Pato Ávila. Los jóvenes que pintaron el mural, agregó el sacerdote, demostraron que la reparación del daño es cuestión de voluntad y no de dinero porque obtuvieron los recursos boteando, mientras que el gobierno que alega que no tiene dinero, se lo ha robado. “El gobierno nunca ha querido que haya justicia y paz, los muchachos aportaron su apoyo, su arte, una linda inauguración que es la manifestación de que no hace falta el dinero para buscar justicia y mantener viva la memoria. Son ocho años y el gobierno no ha sido capaz de lo que la sociedad, un pequeño grupo, hizo en menos de una semana. En ocho años el gobierno ni siquiera pudo terminar la plaza, tiraron al olvido la verdad, la justicia, la paz”, señaló. El mural de la masacre de Creel en un emblema para la Sierra Tarahumara donde se ha sembrado el dolor, la muerte, tristeza, desesperanza, el odio, porque ese acto les regresó un poco de paz y tranquilidad que tanto han anhelado, anotó el sacerdote. [caption id="attachment_451826" align="alignnone" width="1200"] Inauguran mural con los 13 rostros de víctimas de masacre de Creel. Foto: Especial[/caption] 16 de agosto, la conmemoración Con la “memoria en resistencia”, los habitantes de Creel acompañaron el martes pasado a las familias de las 13 víctimas de la masacre ocurrida hace ocho años, en un acto conmemorativo que año con año exige justicia. “Día de ayuno y oración, por una paz con justicia y dignidad, pero... No basta rezar!”, “Creel tiene memoria y no olvida, por eso seguimos de pie. No a la impunidad ni a la injusticia que continúan en el estado”, decían las mantas que cargaron desde la parroquia hasta la plaza conmemorativa. El Pato Ávila ofició la misa en la plaza de la memoria o de la paz y posteriormente leyeron la placa que se encuentra en ese espacio: “Porque el hombre es capaz de las peores atrocidades, y no podemos permitir que se borre la historia ni se pierda la memoria: se construyó esta plaza por la paz, símbolo de la barbarie y la impunidad”. El jesuita insistió, como cada año, en apostarle a la memoria y no al olvido para exigir justicia y conocer la verdad porque sólo así los deudos recobrarán la paz que tanto anhela, como la anhelan los habitantes de la Sierra Tarahumara, dijo. Yuriana Armendáriz Galdeán, hermana de Daniel, quien murió en aquella masacre a los 18 años, dijo en entrevista que este año como los anteriores siete, es igual. Aunque están tranquilos, el duelo se revive y el dolor se siente igual, por eso le apuestan a la memoria. La pequeña hija de Daniel, quien estaba en el vientre de su mamá cuando él murió, caminó al frente de la marcha con una cartulina que ella misma elaboró: “Papito. Me haces falta, te extraño mucho”. En ocho años han fallecido otros dos familiares de las víctimas, otros más se han enfermado de cáncer y afecciones emocionales, lo que ha intensificado la necesidad de preservar la memoria para gritar contra la impunidad e indiferencia del gobierno. El año antepasado fue absuelto uno de los hombres señalados como culpables de aquella masacre. Sandro Gilberto Romero Romero fue liberado en noviembre de 2014. El Tribunal de Juicio Oral determinó que no había elementos suficientes para declararlo culpable, mientras que el representante legal de las familias, Fausto Salgado, presentó un recurso de casación para impugnar la resolución y demostrar que éste pertenece al grupo delictivo La Línea del Cártel de Juárez, pero no han resuelto. Actualmente está en prisión Luis Raúl Pérez Alvarado La Chicharrona, sentenciado a 82 años y 6 meses de prisión y José Manuel Saucedo Reyes La Kila o El Lince, detenido por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) por acopio de armas, portación de arma de fuego y delincuencia organizada. Jorge Salvador Villa Cruz fue liberado el 2 de marzo de 2012 porque obtuvo el beneficio de un criterio de oportunidad, debido a la información proporcionada para identificar y obtener órdenes de aprehensión y sentencias contra otros participantes en los hechos. La Fiscalía tiene pendientes desde hace ocho años las órdenes de aprehensión contra Óscar Alberto Mancinas Pérez El Guacho, Iván Montes González El Colibrí (sobrino de Patricia González Rodríguez, quien era procuradora en ese tiempo) y Antonio Casavantes Calderón El Malandro. Fausto Salgado indicó en su momento que el tribunal oral invalidó la confesión del testigo de cargo porque no fue declarado por la defensa, aun cuando éste no era imputado en esa misma causa penal y acreditó que fue amenazado para proteger a los sicarios.