Martes 9 de Junio 2026
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–En México la muerte se ha convertido en un drama cotidiano que lamentablemente ya no causa mayor sobresalto público, incluso en eventos muy graves, como masacres, feminicidios o el asesinato de menores de edad.
La resignación, la impotencia, el dolor, el miedo o el enojo intenso conviven detrás de un manto que impide ver la enorme escala de nuestra tragedia e inhibe una acción pública coordinada y congruente. Parte de ese velo lo extiende un discurso gubernamental que todos los días se encarga de “normalizar” lo inaceptable, remitiendo culpas al pasado y a adversarios políticos para así excluir responsabilidades, mientras el torbellino de muertes sigue su curso.
Ante el enorme océano de tragedias, la muerte de migrantes y de personas buscando refugio en un país distinto al propio pareciera asunto menor comparado con las cifras conjuntas del horror. Los homicidios en México en el año 2022 fueron 30 mil 968 (¡85 diarios!), según números oficiales, mientras que el fallecimiento y desaparición de personas en movilidad –extranjeras y mexicanas, en la región que abarca desde Centroamérica hasta la frontera de México con Estados Unidos– fueron 891 conforme a los registros de la Organización Internacional de las Migraciones (https://missingmigrants.iom.int/). La mayoría de estas muertes sucedieron en territorio mexicano o en las cercanías de nuestras fronteras sur y norte, predominando notoriamente la norte.
Buscar refugio o migrar se ha convertido en una iniciativa de alto riesgo, no en sí misma, sino a causa de las políticas restrictivas, excluyentes, que los gobiernos imponen a la movilidad irregular. Entre más cerrada la puerta, más peligroso se convierte encontrar espacios alternativos de vida debido a las rutas emprendidas y por la recurrente intervención de traficantes de personas que tienen los recursos para facilitar cruces fronterizos y corromper autoridades. La colisión entre políticas migratorias endurecidas y la imperiosa necesidad de migrar tiene como gran ganador a las organizaciones de traficantes y, del otro lado, a las personas migrantes como víctimas continuas. No solamente por la desmesurada explotación económica, sino además por el cercano riesgo de fallecer en el intento.
Los últimos dos años han sido los más letales para la población migrante que transita por la región de América del Norte y Centroamérica. En 2021 se registraron 921 muertes y en 2022 fueron 891; ambos datos más que duplican la tendencia de los años previos. En el año 2014, cuando OIM inició el registro de fallecimientos, el número fue de 420.
No es sorpresa que en el entorno fronterizo de México y Estados Unidos sea el más peligroso de todo el espacio migratorio del continente. Prácticamente 90% de las muertes de la región América del Norte ocurren en esta franja, especialmente alrededor del Golfo de México, hacia Tamaulipas. La ubicación no corresponde a una probabilidad circunstancial, sino es resultado de dos confluencias: el mayor flujo de personas en tránsito de sur a norte y, del otro lado, la mayor concentración del tráfico de personas.
El registro de muertes de personas en movilidad, lamentablemente, tiene otro componente igualmente doloroso. Las personas que desaparecen en el tránsito, que no llegan a su destino y de las que no se tiene noticia. No hay estadísticas ciertas sobre estas desapariciones, pero sin duda forman parte relevante del altísimo costo de migrar en condiciones irregulares y frente a políticas y aparatos migratorios excluyentes. Las numerosas fosas clandestinas que cotidianamente se descubren en México, ¿tienen cadáveres de personas migrantes, mexicanas y extranjeras? Los cientos de cuerpos no identificados ni reclamados en las morgues de las ciudades mexicanas o del sur de Estados Unidos, ¿corresponden a personas migrantes? Cualesquiera que sean los datos, seguramente incrementan los registros de muertes que hemos citado de la OIM por miles a lo largo de los últimos años.
Las muertes ligadas a la movilidad humana, que ocurren entre los embudos ásperos y filosos de las políticas migratorias y entre otros riesgos mayores, tienen así un componente crudo y extremo cuando una persona fallece (asesinada, habitualmente), perdiéndose en una fosa clandestina y en el olvido más completo. Sin oportunidad siquiera para ser contabilizada en la estadística de la OIM o de otras instituciones públicas. Incluso, cuando se encuentran cuerpos, es casi imposible identificarlos mediante su nombre, nacionalidad o si estaba en situación migratoria. Para las familias, evidentemente, se abre un punzante tajo de incertidumbre y angustia continuas.
Las muertes, crimen, corrupción, injusticia y la impunidad se han convertido así en parte cercana de los procesos migratorios, lo cual es completamente inaceptable. El marco jurídico mexicano e internacional tienen principios de protección y defensa de derechos humanos que debieran prevalecer en toda circunstancia. Pero es evidente que estos principios son tan vulnerables como las personas en movilidad.
Dicho con franqueza y pesar, considerando el bárbaro número de homicidios en México y la impunidad con la que operan grupos criminales a lo largo del país, resulta mínima la esperanza de que los derechos y la justicia construyan un piso firme para las personas migrantes, nacionales y extranjeras. Equivaldría a elevar un excepcional faro de luz entre oscuras aguas turbulentas. Si bien es deseable y debe insistirse en esta dirección, hoy es palmario que al otro lado de la acera acechan visiones contrarias o simplemente que valoran intereses distintos.
*Profesor PUED/UNAM. Excomisionado del INM