Martes 9 de Junio 2026
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– A siete meses de su presentación, tras foros parlamentarios y debates, ha llegado la hora de definición para la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Energía del presidente López Obrador. De su aprobación o rechazo pende el futuro de México. La narrativa oficial ha llevado la discusión a centrarse en el sector eléctrico, si bien toca al sector de hidrocarburos, la minería y la transición energética. La retórica maniquea ha dividido a la ciudadanía. El guion bien armado, anclado en verdades a medias, datos manipulados, aseveraciones falaces, repetido cual plegaria, oculta el fondo de la contrarreforma.
Hay que decirlo con claridad: Lo que está en juego es el futuro de México. La iniciativa no busca “fortalecer a CFE” o garantizar que “el litio sea de los mexicanos” como se repite incansablemente. Ambos objetivos se encuentran ya plasmados en nuestra Carta Magna. Lo que se pretende es transformar el modelo político y económico radicalmente. Bajo el membrete de transición energética se cuela el caballo de Troya en esta Iniciativa, el concepto se utiliza como vehículo para estatizar a la economía, mientras que la Comisión Federal de Electricidad se convierte en instrumento de control absoluto del Estado.
En materia eléctrica, el texto vigente en nuestra Constitución establece que “corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica” (Art. 27), que son áreas estratégicas del Estado (Art. 28), y señala que el Estado podrá “celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica” (Art. 27), es decir en generación y comercialización. El Décimo Sexto Transitorio de la Reforma de 2013 mandata la creación del “Centro Nacional de Energía como organismo público descentralizado, encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional; de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución”. El Vigésimo Transitorio convierte a CFE y a Pemex en empresas productivas del Estado, cuyo objetivo es “la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental”.
La Reforma Energética de 2013 establece un modelo nacionalista, con fuerte rectoría del Estado que se ejerce mediante pesos y contrapesos de diversos órganos del Estado (Sener, CNH, CRE, Cenace). A la empresa eléctrica del Estado, CFE, se le dota de los instrumentos necesarios para fortalecerse, tomar control de su política de combustibles, participar en el mercado eléctrico, adquirir energía a menor precio, contar con recursos para ampliar líneas de transmisión y distribución, avanzar en la eliminación de la pobreza energética, ejerciendo los recursos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico.
La iniciativa de contrarreforma propone borrar de un plumazo todo lo anterior. Establece como áreas estratégicas del Estado, a realizarse exclusivamente bajo el monopolio de CFE , “generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica”. Se plantea que CFE sea “responsable de la electricidad y el Sistema Eléctrico Nacional, así como de su planeación y control; [sea] autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración, y [esté] a cargo de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para ésta” (Art. 28 propuesto).
En esta iniciativa, CFE deja de ser una empresa eléctrica para convertirse en un organismo autónomo, que controla todo el sector de la electricidad y de la transición energética, se autorregula, define tarifas y el orden de despacho, dicta política energética y hasta económica. La Iniciativa cancela los permisos y contratos de privados y establece que CFE determinará los términos de contratación, incluida de la generación distribuida.
Así, al día siguiente de la publicación del Decreto, de golpe se suprimiría 62% de la generación del país. Los generadores estarían obligados a vender en los términos que CFE impusiera. No habría árbitro, ni competencia. La generación proveniente del esquema de autoabastecimiento, es decir 12% de la energía actual, se eliminaría de tajo sin opción a contratación. Se anularían los Certificados de Energía Limpia. CFE determinaría el orden del despacho por lo que es previsible un incremento en la quema de combustibles fósiles en detrimento de las energías renovables.
Imaginemos el día siguiente: sin el 62% de la generación, entraríamos al mundo de los apagones, del incremento de precios, de energía más contaminante, de retroactividad en las leyes, de falta del estado de derecho, de indefensión. CFE tendría el poder de dejar sin electricidad a estados, municipios, comunidades, industrias, comercios, hogares. Ese es el poder que los legisladores darían a quien en 1988 ya demostró se puede tirar el sistema.
Siendo uno de los países más vulnerables al cambio climático, por el bien de su población, México no puede sustraerse de la urgencia de acelerar la transición energética. La Iniciativa eleva el concepto a rango constitucional pero lo vacía de contenido. Por un lado, cancela la generación de renovables mayormente producida por privados y elimina los mecanismos para acelerar su despliegue, y por el otro, mandata su implementación bajo un modelo de sustitución de importaciones, basado en ciencia, tecnología, industria y financiamiento nacionales, liderado por CFE. Los minerales necesarios para la transición energética, que de hecho pueden ser todos, serían producidos y procesados por empresas del Estado. ¿Cuánto tiempo llevará al país contar con los recursos e insumos necesarios para aprovechar su inigualable potencial de energías limpias? ¿a qué costo? Aquí se siembra la semilla del cambio de modelo económico.
El dictamen deja en la ambigüedad cuáles Transitorios de la Reforma de 2013 serían eliminados. Se infiere que Pemex se convertirá en organismo autónomo y que seguirá la misma suerte que la CFE: autorregulación, pérdida de gobernanza corporativa, de transparencia y rendición de cuentas. ¿qué implicaciones tendrá para el soberano? El dictamen es omiso sobre este punto.
La Iniciativa mira al pasado y cancela el futuro; ignora los grandes retos que enfrenta el país; desdeña las oportunidades que ofrece la conjunción de patrimonio natural, revolución tecnológica y redefinición geopolítica para impulsar el desarrollo sostenible de México: mitigar la vulnerabilidad climática, abatir la pobreza energética, reducir en términos reales los costos de la energía, impulsar la democracia sustantiva, aquella que es factible cuando la ciudadanía puede generar su propia energía y asegurar su conectividad, en lugar de depender de un monopolio de Estado.