Martes 9 de Junio 2026
BAJA CALIFORNIA (apro) .- Abel Roberto Román Bojórquez, de 18 años y nieto de Paty Orozco, madre buscadora que había huido de Baja California debido a la amenaza de un posible atentado, fue asesinado de tres balazos en el municipio de San Felipe.
Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes 8 de septiembre, cuando el joven llegaba a casa de su abuela; hasta el momento no hay personas detenidas.
El crimen ocurre en un contexto de escalada de violencia, pues apenas el pasado 3 de septiembre hubo un doble homicidio, y para el día 6 un hombre fue acribillado en la vía pública.
San Felipe es un puerto pesquero donde se registra “cobro de piso”, o extorsión. Surge como municipio desde 2021 y cuenta con poco más de 17 mil habitantes.
El asesinato de Abel Roberto generó indignación en más de 90 agrupaciones y colectivos de búsqueda de Baja California y México, así como de 134 familias independientes y personas solidarias, quienes firmaron un pronunciamiento para repudiar el hecho y exigir un alto a los niveles de violencia en la región.
“Con anterioridad, nuestra compañera Paty Orozco solicitó medidas de protección para ella y su familia ante fuertes amenazas contra su vida y la de sus seres queridos; sin embargo, el Mecanismo Estatal de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas rechazó activar medidas de protección eficientes”, recordaron en su posicionamiento.
Ante amenazas, huyó Paty Orozco de BC
De acuerdo a los datos, Paty Orozco huyó del estado y del país tras casi tres años de activismo al frente del colectivo “Tu madre sigue tu lucha Birzavit Román”; esto, para visibilizar el caso del joven desaparecido el 24 de diciembre de 2022, tras salir de su domicilio en Los Arcos, también en San Felipe.
De acuerdo a la prensa local, la madre buscadora supo que la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) había detenido a Luis “N”, alias “El Sangre” o “El Cabeza Chueca”, a quien relacionan con delitos de homicidio y desaparición forzada de personas en San Felipe, y señalado como presunto responsable de la desaparición de su hijo.
Por lo anterior, ella e integrantes de colectivos de búsqueda de Mexicali protestaron el 9 de mayo de este año, para exigir que no saliera libre; sin embargo, el 18 de mayo, sus vecinos le dijeron que habían acudido encapuchados a su domicilio para preguntar por horarios de llegada y salida, además de número de habitantes o vehículos usados.
Lo anterior lo comprobó al revisar sus cámaras de videovigilancia y constatar la presencia de un sujeto encapuchado en el lugar.
Por lo anterior decidió huir, pues al parecer la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la FGE, se limitó a proporcionar un número telefónico en caso de alguna agresión, además de la promesa de rondines en su casa.
“¡Que buscar no cueste la vida!”
Debido a lo anterior, los colectivos remarcaron en su posicionamiento la inseguridad que se vive en la entidad y el riesgo que implica ejercer su labora como buscadoras.
“El Estado ha fallado en garantizar que nuestros seres queridos no desaparezcan, ha fallado en buscarles y ha fallado en protegernos. ¡Que buscar no cueste la vida!”, expresaron.
Por lo anterior exigieron tres puntos:
Investigación expedita, imparcial y transparente por parte de la FGE.
Protección efectiva para colectivos de buscadoras y sus familias. “Rechazamos que quienes exigen justicia para víctimas de desaparición sean desprotegidos por quienes deben garantizar la seguridad ciudadana”.
Alto a la violencia contra las familias buscadoras. “Este crimen no es sólo una tragedia personal; es una afrenta a la justicia, a los derechos humanos y a la dignidad de miles de familiares que como nosotros buscan incansablemente”, según enfatizaron en su comunicado.