Miércoles 10 de Junio 2026
TOLUCA, Edomex. (apro).- La justicia federal determinó que el Congreso mexiquense se encuentra en desacato de la sentencia que le ordenó constituirse en Comisión Instructora para instaurar juicio político contra el gobernador Alfredo del Mazo, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, y la LX Legislatura local.
Esos actores políticos fueron denunciados por el abogado Gerardo Fuentes, tras avalar que 384 hectáreas del poblado y ejido de San Mateo Ixtacalco, con sus comunidades “La Capilla” y “El Sabino”, dejaran de pertenecer al municipio de Cuautitlán Izcalli para formar parte del territorio de Cuautitlán México.
Esa determinación fue aprobada por la Legislatura local el 20 de julio de 2021, con los votos en contra de las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT), y fue promulgada en la Gaceta de Gobierno el 8 de noviembre del mismo año.
Desde el punto de vista del denunciante, los diputados carecen de facultades para tomar ese tipo de determinaciones y, al hacerlo, incurrieron en varios supuestos para la inhabilitación; por tanto, pidió iniciar juicio político en contra de los involucrados.
Antecedentes
En septiembre de 2022, la Legislatura mexiquense desechó la solicitud de juicio político del quejoso, “por manifiesta e indudable procedencia”, pero la determinación fue impugnada porque el denunciante señaló que no fue escuchado para tomar esa decisión.
El 25 de mayo de 2023, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito concedió el amparo de la justicia a Fuentes Ruiz y ordenó a las autoridades responsables observar, de forma puntual, el trámite para la denuncia de juicio político.
En específico, la sentencia establece que la Legislatura debe enviar “por riguroso turno, a la Sección Instructora la denuncia del quejoso”.
Esa instancia deberá determinar si la imputación es procedente o no, formular dictamen y notificar a la Legislatura para que resuelva si se continúa el procedimiento o se desecha la imputación. De estimar que la denuncia cumple los requisitos legales, debe darle el trámite correspondiente.
Este viernes 14, el Juzgado Sexto en Materia de Amparo y Juicios Federales ordenó la apertura del incidente de inejecución (por la negativa de la Legislatura a acatar la sentencia), con lo que señala que los diputados locales se encuentran en desacato.
En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución del cabildo de Coacalco y la consignación del alcalde Edwin Castelán y del exalcalde David Sánchez Isidoro, por el desacato de una sentencia en materia laboral. Gerardo Fuentes advirtió la posibilidad de que se repita ese escenario si los diputados se niegan a iniciar el juicio político.