Jueves 11 de Junio 2026HERMOSILLO, Son., (apro).- El gobernador Guillermo Padrés desaprovechó dos oportunidades históricas para evitar el derrame de 40 millones de litros de metales pesados sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, el año pasado. La primera, el 1 de junio de 2010, cuando diputados locales de la 59 Legislatura ordenaron al mandatario atender los problemas de contaminación ambiental originados por la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, particularmente en la presa de “jales” donde se confinan los residuos químicos utilizados para la separación del cobre del resto de los minerales. En el exhorto entregado por los grupos parlamentarios del Verde Ecologista de México (PVEM), Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (Panal) se estableció la inquietante posibilidad de que los peligrosos químicos que conforman los “jales” caigan sobre el llamado Ojo de Agua, donde nace el río Sonora, que atraviesa siete municipios de la entidad y desfoga en las presas El Molinito y Abelardo L. Rodríguez, de esta capital. De haber atendido ese mandato, Padrés Elías habría encontrado las irregularidades con las que operaba la mina, porque según la exposición de motivos que hicieron los diputados de la 59 Legislatura, esa infraestructura hidráulica contiene los tóxicos de 100 años de actividad minera, en perjuicio ambiental de los habitantes de la región y los mantos acuíferos. En 2010 los exhortos emitidos por el Congreso local se convirtieron en “un llamado a misa” que pocas autoridades atendieron, y fue hasta el 27 de junio de 2013 cuando adquirieron un valor legal contra quienes los ignoraron. Según el artículo 155 Bis de la Ley Orgánica del Congreso sonorense, los servidores públicos exhortados deberán al menos rendir un informe de las acciones realizadas y, en su caso, las que se llevarán a cabo, así como una fecha probable para dar oportuno cumplimiento a los planteamientos contenidos en el acuerdo notificado. En caso contrario, se les puede imputar una responsabilidad administrativa ante la Contraloría General del estado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 63, fracción 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. El exdiputado ecologista y actual regidor de esta ciudad, César Augusto Marcor Ramírez, quien dio lectura al exhorto en 2010, consideró que el gobernador Padrés se “lavó las manos” en este tema, pese a que el jefe del Ejecutivo es originario de Cananea y conoce a plenitud la problemática. “Cuando se aprobó el exhorto, el gobernador tenía la facultad para ayudar a sus paisanos y simplemente no le llamó la atención, se mostró indiferente, puso oídos sordos, tal vez por los intereses propios que tenía con la mina de Cananea”, acusó. Esa iniciativa con punto de acuerdo también se hizo extensiva al entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y a su secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira Quesada, de quienes no se tiene preciso si enviaron un informe puntual al Congreso local. La otra oportunidad En julio de 2007 se presentó la segunda oportunidad. Fue en pleno conflicto entre el Sindicato Minero Nacional sección 65 y Mexicana de Cananea SA de CV (ahora Buenavista del Cobre). Padrés, como de senador por Sonora, tuvo a su alcance la primera oportunidad histórica de evitar el ecocidio que afectó a más de 25 mil habitantes en los municipios de Arizpe, Aconchi, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures. En ese entonces, el sindicato minero presentó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número 10, con sede en la Ciudad de México, un estudio sobre las condiciones ambientales en la que se laboraba en la mina. El exlegislador e integrante de la Comisión de Justicia en el Senado hizo caso omiso al estudio presentado por sus gobernados y se mantuvo al margen del conflicto laboral que concluyó en 2010 con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la declaración de inexistencia de huelga, y el posterior despido injustificado de más de 800 mineros de Cananea. El comisionado de Difusión del Sindicato Minero Nacional sección 65, Antonio Navarrete, señaló que los tribunales se enfocaron en probar la inexistencia de la huelga, pero nunca se discutió el impacto ambiental originado por la mina en detrimento de los trabajadores. “Jamás recorrieron las instalaciones de la empresa para definir si existían condiciones de riesgo de los trabajadores, al punto que pusieron a discusión los estatutos del sindicato antes que los argumentos ambientales”, comentó. La consecuencia a esta omisión fue “el peor desastre ambiental en la industria minera de los tiempos modernos del país”, como lo calificó el actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud. La mina Buena Vista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, fue sancionada con 22.9 millones de pesos, tras incurrir en 55 irregularidades, y fue obligada a crear un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para indemnizar a los afectados y realizar la hasta ahora esperada remediación de 224 kilómetros de cauce desde la pileta de lixiviados de la mina hasta la presa El Molinito, donde se sedimentaron 74.8 toneladas de metales pesados, según reportó Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis en el portal oficial de la Semarnat. Además, el estudio ambiental que presentaron los mineros a las autoridades mexicanas, incluido Guillermo Padrés como senador, fue admitido por la Organización Internacional del Trabajo para su análisis. Mientras tanto, en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), dependiente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se ha entrevistado a 6 mil 943 ribereños, se han ofrecido mil 160 consultas médicas, se ha tomado muestra de sangre a 128 pacientes y se ha identificado a 360 personas con daños directos en su salud, asociados a la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi. Y pese a que esta tragedia cumple un año el próximo jueves 6, las actividades del Fideicomiso Río Sonora se mantienen en receso desde el pasado 4 de marzo por instrucción del subsecretario Rodolfo Lacy Tamayo, con la justificación de no mezclar las labores de resarcimiento con el proselitismo político, en referencia a las recientes elecciones constitucionales. Finalmente, la Semarnat reservó por dos años, el pasado 30 de julio, el plan de rescate del río Sonora, debido a que para llevar a cabo dicha remediación, las empresas Buena Vista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras han solicitado que se zonifique el sitio antes referido, dividiéndose en cinco zonas para su remediación integral. Sin embargo, por encontrarse en proceso deliberativo, con fundamento en el artículo 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se tiene clasificada hasta 2017.