Miércoles 10 de Junio 2026CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El reparto discrecional de concesiones que realiza la administración del gobernador Rogelio Ortega Martínez ha provocado una abierta confrontación entre dos grupos de transportistas que ya ha provocado pérdidas humanas, heridos y la suspensión parcial del servicio en esta capital. El encono entre ambas organizaciones ayer alcanzó su punto más ríspido cuando miembros de la Costeg que dirige Inocente Mojica Peña, un líder priista acusado por presuntos nexos con el narco, irrumpieron con palos y tubos en el zócalo capitalino y atacaron a integrantes de la Cetig que encabeza Juan Mendoza Tapia, dirigente transportista procedente del municipio de Coyuca de Benítez y adherido al movimiento popular que exige justicia por el caso Ayotzinapa. El zafarrancho, que se prolongó durante más de media hora, dejó siete heridos, más de 40 unidades de transporte destrozadas –cuatro de ellas incendiadas–, así como terror y pánico entre la ciudadanía, pues no sólo hubo golpes, también disparos. Al respecto, Ortega Martínez señaló que ambas organizaciones mantienen un conflicto que escapa a su administración, ya que se acusan mutuamente de “pirataje”. Luego dio a conocer que el origen de la confrontación es la disputa de 330 concesiones. También justificó la inacción de su administración al argumentar que “una parte de la policía estatal “se encuentra en paro de labores” y la otra fue desplazada a Tlapa para “reforzar” la seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, quien ayer celebró su cumpleaños 49 durante la inauguración de La Ciudad de las Mujeres. En entrevista este día en la sede del Congreso local, Ortega dijo que a pesar de que ha negociado con ambas organizaciones, ninguno de los líderes acepta los acuerdos para evitar la confrontación. Luego anunció que frente a la confrontación entre los dos grupos de transportistas, hecho que calificó como “evento”, se va a proceder conforme a derecho, sin especificar el deslinde de responsabilidades. Desde hace tres meses Apro dio a conocer que el gobernador Ortega había beneficiado al grupo de Inocente Mojica para regularizar a más de cien unidades que venían circulando en la capital y eran calificadas como “narco-taxis”. A principios de mayo, la administración de Ortega Martínez entregó en sigilo 178 concesiones a miembros de la Costeg. De esta forma el gobierno estatal desactivó la protesta que mantenían los transportistas dirigidos por Inocente Mojica desde el 16 de abril frente a la sede del Ejecutivo en demanda de 250 concesiones para unidades tipo Urvan. Durante una reunión privada realizada por la noche en un salón de las oficinas estatales, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos, y el exdirector de Transportes en la entidad, Juan Larequi Radilla, entregaron 88 concesiones y se comprometieron en autorizar 90 más (178 permisos en total) para el grupo de transportistas liderados por Mojica Peña. El empresario capitalino Pioquinto Damián Huato ha denunciado públicamente a Inocente Mojica por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Incluso lo responsabilizó del atentado en su contra registrado el año pasado al sur de esta capital, del que el empresario salió ileso, mas no así su nuera, quien murió, y su hijo, que resultó herido. La administración de Rogelio Ortega intentó ocultar la entrega de concesiones a la organización del líder priista vinculado a la delincuencia; no obstante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en la entidad (Coddehum) difundió públicamente el hecho. Posteriormente, Ortega Martínez se reunió en privado con dirigentes del grupo del magisterio disidente que encabeza Antonia Morales Vélez y el líder de la Cetig, Juan Mendoza, donde ofreció prebendas para desactivar el movimiento que exige justicia por el caso Ayotzinapa. Este hecho agudizó la confrontación entre los miembros de la Costeg y la Cetig que se disputan las 330 concesiones que pretende otorgar el gobierno de Ortega en medio de un contexto de opacidad y contubernio con los líderes de ambos grupos. El conflicto entre los transportistas se hizo evidente desde marzo cuando un grupo armado irrumpió en la colonia Rosario Ibarra de esta capital y atacó a Manuel López Franco, miembro de la Cetig, quien fue herido de cinco disparos. Los compañeros del taxista agredido quemaron una vivienda y detuvieron a dos de los presuntos agresores, quienes fueron acusados de ser sicarios al servicio de la Costeg, los entregaron a un grupo de autodefensa y hasta el momento se encuentran en calidad de desaparecidos. Desde el fin de semana anterior miembros de la Costeg se organizaron para decomisar unidades de transporte de la Cetig que circulan presuntamente sin permiso oficial. En respuesta, los integrantes de la Cetig hicieron lo propio ayer lunes, pues montaron un retén en calles del centro de esta capital donde detuvieron a choferes que conducían unidades de transporte público de la Costeg; incluso golpearon a los conductores que opusieron resistencia y destrozaron los vehículos a pesar de que en ellos viajaban decenas de pasajeros. Por ello, un grupo de aproximadamente mil hombres aglutinados en la Costeg se congregaron al norte de la ciudad y marcharon hacia el zócalo de la capital, donde la Cetig tiene su base en el plantón que mantienen organizaciones sociales y una facción del magisterio disidente. Enseguida, los seguidores de la Costeg arremetieron contra sus adversarios de la Cetig y todo aquel ciudadano que se encontraba en el lugar. Por su lado, las autoridades municipales y estatales asumieron una actitud tolerante al no intervenir para frenar los hechos de violencia generados por ambos grupos de transportistas.