Miércoles 10 de Junio 2026MONTERREY, N.L. (apro).- La presidenta del organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Consuelo Morales Elizondo, exigió hoy a las autoridades judiciales imponer una condena mayor al soldado Juan Ortiz Bermúdez, quien fue sentenciado a 18 años de prisión por su responsabilidad en el crimen del matrimonio formado Rocío Elías y Juan Carlos Peña. En su opinión, hay elementos para suponer que el crimen perpetrado el 3 de marzo de 2010 en el municipio de Anáhuac tiene agravantes. Ayer, el juez primero de distrito en materia penal, Eustacio Salinas Wolberg, dictó sentencia al militar por homicidio intencional simple. En conferencia de prensa, la activista consideró, sin embargo, que existen elementos suficientes de prueba para determinar que el crimen perpetrado por el cabo de caballería fue homicidio calificado. La pareja, dijo, estaba desarmada y la ejecución fue a quemarropa. El homicida supuso que el matrimonio era parte de un grupo criminal con el que él y sus compañeros habían sostenido un enfrentamiento en aquel municipio. Por lo pronto, el organismo que dirige, junto con los familiares de las víctimas, apelarán la sentencia en busca de que se reclasifique el delito y la pena sea más severa contra el elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). También buscarán revocar la sentencia absolutoria en contra de los soldados Alaín Josué Reyes y Francisco Meléndez, a quienes se les había procesado por alterar la escena del crimen. Morales Elizondo dijo que la decisión del juzgador es una “pequeña luz de justicia” para la pareja que perdió la vida. Asimismo, consideró histórico el fallo, pues en el estado no había sido juzgado y sentenciado personal castrense por el asesinato de civiles. “La sentencia marca un precedente para la deficiente política de militarización que aún permanece en Nuevo León y en México. Los militares no están capacitados para hacer labores de seguridad pública y además son puestos en una situación vulnerable. La participación de los militares en la seguridad representa un riesgo de violaciones a los derechos humanos”, dijo.