Martes 9 de Junio 2026CUERNAVACA, Mor. (apro).- El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Morelos sigue sin poder operar por falta de presupuesto, por lo que sus integrantes se vieron obligados a buscar una reunión con el Congreso local para solicitar que se agilice la asignación de recursos para este y el próximo año. En entrevista, el coordinador del Consejo de Participación Ciudadana, Hugo Manuel Bello Ocampo, reveló que a pesar de que el 11 de agosto fue publicado el decreto que creó el Sistema Estatal Anticorrupción, a la fecha no han recibido presupuesto, por lo que la mínima operación que han iniciado ha sido a costa de recursos propios. Indicó que uno de los artículos transitorios de la creación del sistema instruye a los poderes Ejecutivo y Legislativo a realizar una modificación al presupuesto 2015 vigente, para que se le asignen recursos, sin embargo, el trámite iniciado desde mediados del mes de septiembre "ha sido burocrático y lento". Al reunirse con el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, Alberto Mojica Linares, expuso que aunque en el proyecto de presupuesto para el próximo año se establece un techo financiero de 30 millones de pesos para la operación del Sistema Estatal Anticorrupción, no se especifica una cantidad particular para el Consejo de Participación Ciudadana. Por ello, abundó realizaron una solicitud presupuestal de cuatro millones, con los que se podría pagar a los recursos humanos y materiales necesarios para su desempeño. Además, el techo financiero de 30 millones deberá cubrir la operación de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, del Tribunal de Justicia Administrativa y de los contralores de los organismos constitucionalmente autónomos: Instituto Morelos de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y el recién creado Colegio de Morelos. El sistema anticorrupción El pasado 1 de julio, la anterior Legislatura aprobó un paquete de modificaciones a la Constitución estatal, que incluyó la ampliación de tres a siete años de la prescripción de faltas administrativas graves, dotando a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de un periodo más extenso para hacer efectivas sus actuaciones de fiscalización. Comprende la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con la figura del fiscal especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción y transforma el actual Tribunal de Contencioso Administrativo, en el Tribunal de Justicia Administrativa, dotándole de plena competencia para imponer las sanciones a los servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción, además de que deja de estar adscrito al Tribunal Superior de Justicia, adquiriendo plena autonomía, y cambia su conformación de tres a cinco magistrados. Estas reformas dotaron a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización la facultad de solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión de los entes sujetos a fiscalización. También crearon la facultad del Congreso para la designación de los titulares de los órganos de control interno de los organismos reconocidos como constitucionalmente autónomos en la Constitución estatal. Mientras que en materia de transparencia y rendición de cuentas, modifica la denominación de los consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado (IMIPE), que a partir de ahora serán comisionados y tendrán una temporalidad de siete años en el encargo, sin posibilidad de reelección. Además destacan las facultades de atracción que se le otorgan al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) para conocer de los asuntos del IMIPE que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Y crea un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco miembros, que serán designados por el Congreso local, con la finalidad de establecer un sistema de pesos y contrapesos que fortalezca las acciones encaminadas a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. Integrantes del sistema En medio de la polémica, la anterior Legislatura aprobó la elección de Juan Salazar Núñez como fiscal anticorrupción, en la última sesión de fecha 28 de agosto. El funcionario inició el sexenio colaborando con Graco Ramírez como procurador fiscal y luego como su consejero jurídico, cargo del que renunció unos días antes para ser designado de una terna como “zar anticorrupción”. Asimismo, Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo fueron designados --como “cuotas” de PRD y PAN, respectivamente--, por un periodo de ocho años, como magistrados del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, que complementa a los tres que conformaban el extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De igual forma, Francisco Miguel Yáñez Sánchez, Blanca Estela Aldana Alejandre, Roxana Aguilera Mejía y Alejandro Sánchez Yáñez, fueron nombrados titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionalmente autónomos del IMIPE, del Impepac, la CDHEM, y el Colegio de Morelos, respectivamente. También fueron designados Hugo Manuel Bello Ocampo, Héctor Enrique Erazo Domínguez, Luis Arturo Guerrero Miranda, Omar Ramón Figueroa y Selene Montesino Oliver como nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Y para completar a las cabezas del sistema, el Congreso eligió a Hugo González Soto como titular de la Comisión de Vigilancia de la ESAF.