Martes 9 de Junio 2026
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El viernes pasado la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Chihuahua notificó al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, de la apertura de un procedimiento en su contra por probable enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. En una de las acusaciones, se solicita una investigación por un terreno con un costo de 4 millones de pesos.
El diputado priista Omar Bazán informó que de acuerdo al oficio DGJR/566/2024, contenido en el expediente E.P.R.A. 049/2024, la audiencia a la cual deberá de presentarse Javier Corral Jurado en calidad de presunto responsable, será el 23 de julio del 2024 a las 11 horas.
“Las conductas advertidas se relacionan con sus declaraciones patrimoniales de modificación y de conclusión en su encargo como Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua; es decir, no declaró un inmueble respecto del cual se conduce como dueño, lo que se considera una falta administrativa grave”, dio a conocer la dependencia estatal.
Bazán asevera que debe procederse contra el exgobernador y contra quien fuera su secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, a quien denunció por encubrimiento, cuando señaló originalmente irregularidades en la adquisición de terreno para ampliar su casa de Ciudad Juárez.
El 30 de mayo de 2022, Bazán denunció penalmente a Vargas Ruiz por el extravío de la queja original que había presentado desde septiembre de 2019, por el llamado “terreno caliente” que el exgobernador se adjudicó de forma irregular para ampliar su casa de la calle Costa Rica, en la colonia Partido Romero
La primera denuncia fue presentada en el mes de febrero de 2022 ante la SFP.
Hay evidencia, aseguró, de que la extitular de la SFP en el gobierno de Corral Jurado, encubrió al exgobernador e incluso clonó folios de expedientes para simular que habría de darle trámite a su queja desde entonces, lo que no hizo dado que, al llegar la nueva administración, la sucesora de Vargas Ruiz en la dependencia, María de los Ángeles Hurtado, no encontró registro alguno de la denuncia presentada.
Por ello, el priista promovió la querella por la probable comisión de los delitos de daños, ejercicio ilegal del servicio público, coalición, retardo en la administración de justicia y encubrimiento por favorecimiento, contra la exsecretaria Vargas Ruiz, a quien, consideró, la Fiscalía General del Estado debe investigar para proceder penalmente, igual que con el exgobernador.
Por ahora, el exmandatario fue emplazado a procedimiento de responsabilidad administrativa y el expediente sería remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).