Martes 9 de Junio 2026
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, informó que peritos trabajan en la determinación de los ingresos que obtenían los exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez presuntamente involucrados en el caso de corrupción inmobiliaria, ya que, en promedio, la renta de los departamentos irregulares oscila entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales.
En un mensaje a medios en el que no se permitieron preguntas de la prensa, agregó que hasta el momento se han recabado 189 denuncias penales “que dan cuenta de posibles irregularidades e incumplimientos por parte de desarrolladores inmobiliarios, comercializadores, autoridades locales y notarios”.
Tales denuncias son “muestra clara”, dijo, de probables delitos como quebrantamiento de sellos de clausura, fraude, delitos ambientales, uso indebido de atribuciones y facultades por parte de servidores públicos, y de responsabilidad profesional y técnica por faltar a la normatividad de uso de suelo.
Lara López agregó que, en relación con los inmuebles de alta plusvalía recientemente cateados, propiedad de Luis “N”, exdirector Jurídico y de Gobierno, y Nicias René “N”, exdirector de Desarrollo Urbano –ambos vinculados a proceso por enriquecimiento ilícito-, se ha llamado a comparecer a las personas que actualmente ocupan dichas propiedades bajo el carácter de comodato o arrendamiento.
Así, dijo, “estaremos en condiciones de determinar posibles relaciones de intereses y/o criminales de quienes fungen como propietarios, comodatarios o arrendatarios, y que reciben por concepto de renta altas cantidades de dinero que posiblemente no han sido declaradas”.
Por ello, añadió, “nuestro equipo pericial lleva a cabo la determinación de los ingresos que los propietarios adquirían por estos conceptos, ya que en promedio un inmueble de estas características puede redituar entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales”.
El vocero de la FGJ local recordó que, según las indagatorias realizadas por Ministerios Públicos de la Coordinación General de Investigación Territorial, los exservidores públicos mencionados “obtenían un beneficio en apariencia lícito a partir de la comisión de un hecho cuya naturaleza haya sido presumiblemente ilegal, y, sobre todo, que se trate de recursos, como hemos mencionado, que probablemente nunca fueron declarados ante las autoridades fiscales”.
La hipótesis de la autoridad es que los exservidores públicos de la Benito Juárez mencionados “habrían establecido un esquema de enriquecimiento basado en negligencias y colusiones fuera de la Ley… Una de las líneas de investigación apunta a que dichas acciones no habrían sido posibles sin el consentimiento de sus superiores jerárquicos para obtener beneficios ilícitos, situación que está por comprobarse”.