Martes 9 de Junio 2026
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los hermanos Alejandro y Juan Carlos Cortéz Vallarta, acusados de pertenecer a la banda de secuestradores Los Zodiaco, fueron aprehendidos el 7 de mayo de 2009 por agentes de la entonces Policía Federal, vestidos de civil y fuertemente armados.
A casi 12 años de su detención, los acusados ampliaron su denuncia por tortura, y advirtieron que están resueltos “a combatir el pacto de impunidad entre autoridades de justiciales”, porque eso ha impedido acceder a la verdad, sancionar a todos los responsables y que a ellos se les repare el daño ocasionado todos estos años.
“Fuimos sometidos a una serie de actos de tortura durante unas diez horas: amenazas de muerte dirigidas a nuestra persona y nuestras familias, golpes varios, desnudos forzados, asfixia con agua, choques eléctricos, quemaduras graves y humillaciones múltiples, todas con el objetivo de que nos auto inculpáramos y confesáramos ser parte de una supuesta banda de secuestradores llamada Los Zodiaco”, destaca la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Los hermanos Cortéz Vallarta aseguran que en 2019 denunciaron ante la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, los actos de tortura a los que fueron sometidos por Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García, así como otros agentes de la Policía Federal y ocho agentes del Ministerio Público de la Federación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy FGR.
Diez años antes se emitieron dos dictámenes periciales médico-psicológicos de conformidad con los lineamientos del Protocolo de Estambul, en los que se concluyó que las lesiones presentadas y el trauma psico-emocional puede relacionarse con eventos de tortura.
Dichos dictámenes obran dentro de la carpeta de investigación, pese a lo cual el agente el Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre no investigó todos los hechos que pasaron y determinó el no ejercicio de la acción penal contra otras personas denunciadas, según el documento presentado.
Por ese motivo, en noviembre pasado se celebró una audiencia para impugnar la determinación del Ministerio Público frente al juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien la revocó y resolvió que la FGR debía continuar investigando sobre los hechos denunciados.
En el litigio legal la familia Vallarta es acompañada por la Clínica de Interés Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que presentó ante la FGR una ampliación de denuncia con todos los nombres de las personas que participaron en los actos de tortura, y los datos de prueba “suficientes” para encontrar la verdad de los hechos y sancionar a los responsables.
También presentaron una queja ante el Órgano Interno de Control (OIC) contra el agente del Ministerio Público antes mencionado, por incurrir en diversas actuaciones contrarias a los principios de lealtad, objetividad, debida diligencia y probidad.
“Estamos resueltos a combatir ese pacto de impunidad, acceder a la verdad, sancionar a todos los responsables y a que se nos reparen los daños ocasionados todos estos años”, advierten en su denuncia.