Martes 9 de Junio 2026
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En sesión extraordinaria de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, se formalizó la composición de este mecanismo, con la integración de los expertos Ángela Buitrago y Francisco Cox, exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y la presencia de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosamena de Troitiño. César Mario González, padre de Manuel González Hernández, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, consideró que el involucramiento de al menos dos de los cinco expertos que conformaban el GIEI “abre un camino” para llegar a la verdad de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre en Iguala. En entrevista, González, integrante de la Comisión para la Verdad, destacó que para los padres y madres de los normalistas desaparecidos la participación de Buitrago y Cox en las investigaciones les da confianza, porque “siempre nos han ayudado y nos han hablado con la verdad”. A casi dos meses de que se cumpla otro año de la desaparición de los jóvenes, el representante de los padres y madres de las víctimas consideró que, con la intervención de los expertos, hay fuertes expectativas de saber qué pasó con sus hijos, porque “afortunadamente ellos siguen con la meta de encontrar a los muchachos y eso es importante para nosotros”. Aun cuando lamentó que han pasado siete meses desde que se creó la Comisión presidencial sin avances en la investigación ni en las exploraciones de búsqueda, al menos “se van concretando las cosas y hay disponibilidad del gobierno, con que estén los expertos y estén en campo, tenemos esperanza. Hay que recordar que con el gobierno que se fue no tuvimos la oportunidad que tenemos ahora”. La sesión ordinaria se llevó a cabo en el Salón Juárez de la Segob, estuvo encabezada por el presidente de la Comisión, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y contó también con la participación de comisionado Luis Ernesto Vargas. Al término del encuentro, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosamena señaló que se presentó un informe que “sirve de punto de partida para el trabajo de dos de los expertos”, de lo que ahora se denomina Grupo de Asesoría Técnica (GAT). Arosamena reconoció que en la reunión Encinas se comprometió a “producir todas las condiciones fácticas” para la participación del equipo de trabajo en las indagatorias. Apuntó que entre los elementos de avance presentados por la comisión presidencial, se refiere al análisis de telefonía, por el que se puede establecer “puntos clave en los momentos y en las horas que están sucediendo los hechos, y ese elemento está con un análisis científico, con un análisis muy técnico, que le va a servir a los expertos para la identificación o el cruce de información que ya está en el expediente de personajes importantes vinculados”. Optimista, la comisionada de la CIDH reconoció que “se está en una nueva etapa”, con un gobierno que ha dado “confianza y credibilidad a los padres, lo que nos puede llevar a un buen puerto”. Humberto Guerrero Rosales, abogado de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Fundar, una de las organizaciones que acompañan a los padres y madres de los desaparecidos, consideró que por la información presentada hay posibilidades de que se llegue al quinto aniversario con avances considerables en la indagatoria. “Todos esperamos que no llegue un quinto aniversario sin conocer el paradero de los muchachos, como mínimo lo que sí podemos esperar es que ciertas líneas de trabajo que dejara abiertas GIEI, como el análisis de la telefonía y el análisis de las redes de vínculos, todo eso estará arrojando información que nos dé un rumbo más concreto de por dónde tiene que ir la investigación”, sostuvo Guerrero Rosales. Agregó que se confirmó que “ya se está trabajando en ubicar y concentrar a todos los elementos del 27 Batallón, que estuvieron la noche del 26 y la madrugada del 27, que son entre 82 a 83 personas, para hacer las entrevistas con ese personal, lo que nos da un mensaje de que, ciertos escollos que impidieron el avance, se van librando”. El abogado destacó que se está avanzando en el esclarecimiento de las denuncias en contra de funcionarios de lo que fue la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio y quienes participaron en actos de tortura. “Desde nuestro punto de vista no hay forma de que no se llegue a la conclusión de que hay responsabilidades por el manejo de la investigación”, apuntó Guerrero Rosales. Consideró que entre las acciones urgentes que se han delineado refieren al abordaje de personas que han sido liberadas o están próximas a salir de prisión, debido a las irregularidades en la investigación, “para tratar de recuperar la información que estas personas pudieran tener”. Al asegurar que desde los acompañantes de los familiares, hay “mucha expectativa porque tenemos equipo completo, y a partir de este momento, los diálogos de carácter más político van a tomar menos tiempo, la agenda de la investigación va a ser por completo lo sustantivo”.