CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) dar a conocer una versión pública de las irregularidades que se desprendieron de las cuatro auditorías practicadas al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) entre 2015 y 2017. Ante tratar el caso ante el pleno, el comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, consideró improcedente la reserva impuesta por la SFP a la información solicitada por un particular, puesto que, dijo, se trata de auditorías concluidas, no de los procedimientos de responsabilidad derivados de éstas. La SFP le puso candados a la información con el argumento de que turnó los informes al Área de responsabilidades a fin de integrar un procedimiento contra servidores públicos por presuntos actos u omisiones administrativas. Además, explicó que aún no se había concluido el proceso de desahogo de las audiencias correspondientes para cada uno de los funcionarios involucrados, por tanto, el contenido de los expedientes había sido reservado en su totalidad por un periodo de tres años. Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó como agravio la clasificación de los expedientes con número de registro RE-0006/2017, RE-0007/2017, RE0013/2017 y RE-0023/2018. Pero Acuña Llamas sostuvo que la reserva no tiene lugar, debido a que el solicitante pidió el grueso de los datos considerados públicos, cuya naturaleza rodea esas auditorias, es decir, que no se refiere a constancias sobre el procedimiento de responsabilidad y no fue generada con motivo de la investigación que, en contra de los servidores públicos, por lo cual pidió favorecer a la versión pública. Sin embargo, se consideró proceder con la clasificación de nombres y cargos de los servidores públicos denunciados, así como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, con el propósito de no perjudicar su imagen y esfera privada. Finalmente, el pleno del instituto determinó por mayoría modificar la respuesta de la SFP, a quien instruyó para entregar la versión publica de los informes de irregularidades encontradas en cuatro auditorías realizadas en 2015, 2016 y 2017, con la omisión de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como los nombre, cargos y áreas de adscripción de los presuntos responsables por los actos u omisiones administrativas en que incurrieron.