Martes 9 de Junio 2026
La misión del (C5) es auxiliar continuamente a la población a través del número de emergencias 911 y denuncia anónima 089, el objetivo de este es salvaguardar la seguridad e integridad de la población mediante la operación y administración del sistema de video vigilancia, apoyando además a las instituciones de carácter ministerial y de seguridad pública al proporcionar la información necesaria.
El C5 de Reynosa, así como el resto de los centros de control con que cuenta el Estado, se encuentran adscritos al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, dependiente del Ejecutivo Estatal.
Cabe recordar que en los meses previos a la conclusión de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, el Secretariado Ejecutivo fue trasladado a la Fiscalía del Estado a través de una reforma legal, esto con el fin de evitar que el arribo del nuevo Gobernador Américo Villarreal Anaya irrumpiera los intereses económicos que se signaron en el pasado, como es el caso del contrato que se realizó con la empresa Tres-10, resultando uno de los más ambiciosos y cuestionados. Esto consta en la investigación que realizamos, la cual logra evidenciar el jugoso negocio millonario hecho al amparo del poder.
La legislatura de mayoría panista al mando de Francisco García Cabeza de Vaca había trasladó el Secretariado Ejecutivo a la Fiscalía, por lo que en noviembre del año pasado, la mayoría morenista en el Congreso del Estado revirtió dicha reforma, logrando que se reincorpora al actual Ejecutivo Estatal, lo que derivó en un proceso exhaustivo de revisión de su operación y funcionamiento.
El Contrato de Asociación Público-Privada (APP) para la prestación del servicio de Red de Seguridad Pública en Tamaulipas, celebrado entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas y la empresa desarrolladora Tres-10, generó especial atención, al descubrirse que en realidad era operada por los propietarios de SEGURITECH, una empresa dedicada a las tecnologías y comunicaciones, ampliamente cuestionada por sus prácticas desleales en otros estados.
Esta investigación encontró datos importantes que respaldan lo antes mencionado:
El 27 de junio de 2019 con la autorización y complicidad del Congreso del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a través de los representantes legales de la empresa, suscribieron un contrato que tenía como finalidad:
Equipamiento del monitoreo y enlace estatal de video y vigilancia urbana, identificación vehicular carretera y demás intraestructura relacionada;
Diseño, construcción, adecuación y equipamiento del C5 en Reynosa;
Remodelación, adecuación y equipamiento de los Centros de Mando Regionales en Ciudad Victoria y Ciudad Madero; y
Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura respectiva, el cual se daría a lo largo de la vigencia del contrato.
El contrato fue suscrito por un importe monto que asciende a los $4,058´456,111.00 (cuatro mil cincuenta y cocho millones, cuatrocientos cincuenta y seis mil, ciento once pesos) a liquidarse en un plazo de 6 años, comprometiéndose recursos federales, además de constituir un fideicomiso irrevocable para garantizar el pago a Tres-10. La institución bancaria contratada como fiduciaria fue la denominada Banca MIFEL.
En los meses de noviembre y diciembre de 2019 se realizaron diversas modificaciones al contrato, tales como, ampliación a la fecha de presentación del proyecto ejecutivo, reducción de la superficie de obras, plazos de pago, entre otros, siempre en beneficio de los intereses de la empresa.
Las evidentes condiciones perjudiciales de contratación para el Estado, así como la deficiencia en el servicio y la falta de operatividad del C5 de Reynosa, provocó la exigencia al desarrollador para revisar las obligaciones contractuales con Tres-10, por lo que, en enero de 2023, se llevó a cabo una reunión en la cual se solicitó al desarrollador que proporcionara documentación que respaldara la contratación y la ejecución del proyecto, toda vez que, el Estado no contaba con un proyecto ejecutivo de obra, es decir, no se conocía de manera certera cuáles fueron las obligaciones contraídas por la empresa a cambio de los más de 4 mil millones de pesos, esto es, por citar un ejemplo, el tipo y modelo de cámaras que se obligó a instalar, los planos y especificaciones de construcción y calidad del C5 de Reynosa, así como las condiciones mínimas de mantenimiento en los equipos.
Nos dimos a la tarea de contactar a las autoridades estatales responsables y nos informaron que por lo menos a la fecha de la publicación de este reportaje no se ha entregado documentación alguna por parte de la empresa Tres-10.
La auditoría realizada por la Contraloría Gubernamental entre febrero y marzo de 2023, reveló múltiples incumplimientos por parte del desarrollador, dentro de los que destaca un sobreprecio significativo en la inversión realizada. Según el avalúo preliminar, el monto invertido no supera los 1,500 millones de pesos, lo que hace presumir corrupción, colusión y complicidades en el proceso de contratación y ejecución de este proyecto.
Ante las irregularidades detectadas, en mayo de 2023, el Gobierno del Estado inició el proceso de rescisión del contrato. Se notificó al desarrollador sobre los incumplimientos y la omisión de la fianza que garantizaba el mantenimiento del proyecto.
Entre los incumplimientos documentados a los que tuvimos acceso, destacan como los más relevantes los que se encuentran a continuación:
a) Trabajos inconclusos en el C5 – Centro de Llamadas emergencias 911.
b) Deficiencias en el servicio de aire acondicionado del C-5, presencia de humedad y goteras, lo que hace suponer que el proyecto de construcción fue mal ejecutado, o con materiales deficientes.
c) Sistemas de cableado deficientes:
El proceso de revisión y rescisión del contrato derivó en la suspensión de pagos a la empresa, los cuales ascienden a más de 60 millones de pesos mensuales, mismos que se transfieren de la federación a un fideicomiso y, posteriormente, del fideicomiso a Tres-10.
No obstante, la suspensión de pagos generada por el Estado, entre el 21 de abril y el 3 de mayo, Tres10 emitió cartas de instrucción a Banca MIFEL solicitando pagos por cantidades de $493,358,209.18 y $64,804,198.32 respectivamente, sin notificar al Estado como lo obliga el contrato signado.
Más de 550 millones de pesos fueron sustraídos del fideicomiso sin la autorización del Estado. Debe mencionarse que el contrato establece claramente que el Estado debe solicitar al banco la orden de pago y el monto a transferir, sin embargo, en el caso concreto no se observó dicho procedimiento, lo que denota una acción dolosa y fraudulenta por parte de la empresa y de la propia institución bancaria.
El 5 de mayo, se solicitó a la fiduciaria (Estado-Banca Mifel) la devolución del pago en exceso, así como que exhibiera la documentación soporte del pago realizado a Tres10.
En respuesta a esta solicitud, el 8 de mayo el fiduciario (empresa-Banca Mifel) manifestó en tres oficios que no podía atender la solicitud de devolución del pago en exceso debido a que no se apegaba a los formatos establecidos en el contrato, sin embargo, evidenció que no contaba con la documentación soporte para realizar el pago efectuado a Tres10.
El 10 de mayo, se llevó a cabo la notificación a Tres10 sobre los incumplimientos en los que ha incurrido, así como la omisión de presentar la fianza que garantizara el mantenimiento del ejercicio 2023, dando inicio al proceso de rescisión del contrato.
El 30 de mayo, la empresa Tres10 presentó un juicio de amparo contra la notificación de inicio de procedimiento de rescisión de contrato, el cual se encuentra en proceso de sustanciación ante el Juzgado Décimo segundo de Distrito, con residencia en Victoria, Tamaulipas.
Esta serie de eventos ha generado una grave controversia en el contrato entre el Estado de Tamaulipas y la empresa Tres10. Las acciones dolosas y fraudulentas, la falta de notificación al Estado sobre los pagos solicitados, la ausencia de documentación soporte y la omisión de la fianza necesaria para el mantenimiento del proyecto plantean serias dudas sobre la transparencia y la legalidad del contrato.
Además, existen dudas razonables sobre la responsabilidad de la empresa desarrolladora en salvaguardar la información, operación y manejo de la misma. Lo anterior se evidencia, toda vez que el 3 de mayo el Gobierno de Tamaulipas presentó una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por delitos como Revelación de Secretos, Acceso Ilícito de Sistemas y Equipos de Información, Delitos Contra la Seguridad del Estado, Atentados Contra los Bienes Fundamentales del Estado, Atentados Contra la Soberanía del Estado y Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Informática, por la supuesta filtración de información a la que esta empresa tenía acceso.
Por otra parte, tenemos conocimiento de otra nueva denuncia de orden penal por los delitos derivados del cobro indebido de los 550 millones de pesos, retirados del fideicomiso sin la autorización del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
En resumen, el contrato de prestación de servicios de seguridad pública en Tamaulipas ha estado envuelto en controversias y presuntas irregularidades desde su firma. Las modificaciones realizadas al contrato original, la falta de entrega de documentación de respaldo, los incumplimientos detectados y el sobreprecio en la inversión plantean serias dudas sobre la transparencia y la eficacia del proyecto. El Gobierno del Estado está tomando medidas para salvaguardar los intereses del pueblo y buscar una solución justa a esta situación. La transparencia y la justicia son fundamentales para garantizar la confianza del pueblo en los proyectos públicos y en la seguridad de su patrimonio.
Cabeza de Vaca destacó esta obra como uno de sus mayores logros, sin embargo esta se convirtió en el más grande monumento a la corrupción, simulación, desfalco y robo al pueblo de Tamaulipas. Este proyecto es una muestra más de las mentiras y los negocios al amparo del poder que se realizaron en toda su administración.